La reforma laboral abre un debate constitucional por su ingreso en el Senado
- El Gobierno ratificó que la reforma laboral se debata inicialmente en el Senado
- El oficialismo sostiene que el eje del proyecto no es tributario
- Se apoya en antecedentes doctrinarios y en un fallo histórico de la Corte
- La oposición cuestiona un artículo vinculado al impuesto a las Ganancias
- El Ejecutivo descarta modificar el recorrido legislativo del proyecto
- La meta es lograr media sanción antes de fin de año
Pese a las objeciones de un sector de la oposición, el Gobierno resolvió avanzar sin cambios en el inicio del debate de la reforma laboral en la Cámara de Senadores. La decisión abrió una discusión de fondo sobre el procedimiento legislativo y la interpretación de la Constitución Nacional, en particular sobre cuál debe ser la cámara de origen de un proyecto que incluye modificaciones tributarias dentro de un cuerpo normativo más amplio.
Desde el oficialismo insisten en que la iniciativa, que supera los 200 artículos, no tiene un eje central impositivo. “El corazón de la reforma es laboral y regulatorio”, sostienen en el entorno presidencial, donde remarcan que los cambios tributarios son accesorios y no alteran la naturaleza principal del proyecto. Bajo ese argumento, defienden la constitucionalidad de que el texto haya ingresado por el Senado.
El respaldo jurídico del Gobierno se apoya en el artículo 77 de la Constitución Nacional, que habilita a que las leyes tengan origen en cualquiera de las dos cámaras, salvo las excepciones expresamente previstas. En ese punto aparece el artículo 52, que reserva a la Cámara de Diputados la iniciativa exclusiva en materia de “contribuciones”. La interpretación de ese límite es el núcleo de la controversia.
En Balcarce 50 aseguran que existen sólidos antecedentes doctrinarios y jurisprudenciales que avalan su posición. Retoman, en ese sentido, los argumentos del jurista Segundo Linares Quintana, quien a su vez citaba al exministro de Justicia Joaquín V. González para sostener que los proyectos que no crean ni aumentan impuestos, sino que los reducen o eliminan, pueden iniciar su trámite en el Senado. Bajo esa lógica, el oficialismo afirma que la reforma laboral no vulnera el mandato constitucional.
Como antecedente reciente, el Gobierno menciona el tratamiento del Impuesto a los Bienes Personales, que tuvo origen en la Cámara alta y fue sancionado en diciembre de 2022. Aquella ley elevó el mínimo no imponible y fue acompañada por senadores de distintos bloques, lo que, según el Ejecutivo, consolidó una práctica parlamentaria compatible con su decisión actual.
Además, en el oficialismo citan un fallo de la Corte Suprema de 1948 que interpretó de manera restrictiva el alcance de la iniciativa exclusiva de Diputados. Según esa doctrina, cuando una norma se vincula parcialmente con cuestiones tributarias, pero su objeto principal no es fiscal, puede iniciar su recorrido legislativo en el Senado. Para el Gobierno, ese criterio resulta plenamente aplicable a la reforma laboral.
La oposición, sin embargo, mantiene sus reparos. Algunos legisladores sostienen que el proyecto debería haber ingresado por la Cámara baja debido a las modificaciones incluidas en materia de Ganancias. Reconocen que existen dictámenes previos que habilitaron el ingreso de leyes tributarias por el Senado, pero recuerdan que esos antecedentes fijaron límites claros: que no se generen nuevas cargas impositivas, ni directas ni indirectas, para otros contribuyentes.
En ese marco, los cuestionamientos se concentran en un artículo específico que introduce la actualización por IPC de los quebrantos impositivos a partir de 2025. Según los críticos, si bien la norma beneficia a ciertos contribuyentes, también podría generar efectos fiscales indirectos para otros, al interactuar con distintos mecanismos de ajuste por inflación previstos en la legislación vigente. Para ese sector, ese impacto bastaría para exigir que el proyecto tenga origen en Diputados.
Desde el Gobierno minimizan esas objeciones y las atribuyen a “interpretaciones forzadas” que buscan demorar el tratamiento legislativo. Aseguran que no hay creación ni aumento de impuestos y que, por lo tanto, no existe ningún vicio de origen. En el entorno de la dirigente que encabeza las negociaciones parlamentarias remarcan que el Senado seguirá siendo la cámara de inicio y que no habrá marcha atrás.
Con ese escenario, la próxima semana comenzará formalmente el debate en la Cámara alta, con la expectativa oficial de obtener media sanción antes de fin de año. El Ejecutivo confía en que el proyecto, diseñado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado junto al equipo económico y el área laboral, reúna los apoyos necesarios. En los cálculos más optimistas, el oficialismo estima contar con un número holgado de voluntades tanto en el Senado como en Diputados.
Así, más allá de las discusiones constitucionales, el Gobierno acelera su agenda legislativa y apuesta a que la reforma laboral se convierta en uno de los principales hitos de la segunda mitad de la gestión.