Reforma laboral: el Senado ingresa en una escalada de tensión política y amenaza de judicialización

• El Senado inició el tratamiento de la reforma laboral en un clima de alta tensión política.
• El peronismo impugnó la conformación de la Comisión de Trabajo y denunció violaciones al reglamento y la Constitución.
• José Mayans anunció que llevará el caso a la Justicia y cuestionó la legitimidad del proceso.
• Patricia Bullrich defendió el procedimiento y avanzó con la convocatoria al debate.
• El bloque peronista decidió no participar de las reuniones de comisión.
• La reforma laboral se encamina a un conflicto institucional con final abierto.

El Senado atraviesa uno de sus momentos de mayor conflictividad desde el inicio del actual período legislativo, con el arranque del tratamiento del proyecto de reforma laboral impulsado por el oficialismo. La decisión de avanzar con el debate en el marco de las sesiones extraordinarias, sin el respaldo ni el consenso de todos los bloques, profundizó la crisis política en la Cámara alta y dejó al descubierto una fractura que amenaza con trasladarse del recinto a los tribunales.

El primer foco de conflicto se encendió durante la conformación de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, ámbito clave para el análisis de una iniciativa que propone modificaciones estructurales en el régimen laboral. Allí se produjo un duro cruce entre la senadora Patricia Bullrich, referente de La Libertad Avanza, y el jefe del bloque peronista, José Mayans, quien cuestionó de manera frontal el procedimiento utilizado para integrar las comisiones y denunció una vulneración tanto del reglamento del Senado como de la Constitución Nacional.

“Este proyecto nace torcido de entrada”, advirtió Mayans al tomar la palabra, al tiempo que acusó a Bullrich y a la vicepresidenta del cuerpo de arrogarse competencias que, según su interpretación, no les corresponden. El senador formoseño sostuvo que el proceso carece de legitimidad desde su origen y anticipó que el bloque peronista llevará el caso ante la Justicia. “Si así inician el tratamiento de una ley que cambia la estructura laboral de la República Argentina, va derecho al Poder Judicial”, sentenció.

El argumento central del peronismo se apoya en la ausencia de una sesión formal en la que se haya solicitado y aprobado la conformación de las comisiones. Mayans recordó antecedentes recientes en los que se apeló a reuniones de emergencia para resolver situaciones similares y cuestionó que esa alternativa no haya sido considerada en esta oportunidad. Según explicó, el procedimiento utilizado ya había generado conflictos el año pasado y derivado en decisiones que afectaron la representación de su bloque en distintas comisiones.

La postura fue respaldada por Martín Soria, quien reforzó el rechazo del peronismo a participar del proceso. El senador calificó de “compulsiva y arbitraria” la integración de la comisión y llamó a que la ciudadanía tome nota de lo que considera una grave irregularidad institucional. En ese marco, el bloque adelantó que no convalidará la convocatoria ni formará parte de las reuniones previstas para el debate de la reforma laboral.

Desde el oficialismo, la respuesta fue tajante. Bullrich desestimó las impugnaciones, defendió la legalidad del procedimiento y pidió avanzar sin dilaciones con la agenda prevista. Tras ser elegida presidenta de la comisión, cerró la discusión y convocó al debate del proyecto con un tono firme, en medio de gestos y protestas de Mayans, que sin micrófono llegó a expresar su enojo con gritos que reflejaron el clima de máxima tensión.

La escena sintetizó el momento político que vive el Senado: un oficialismo decidido a avanzar con una de sus reformas emblemáticas y una oposición que denuncia atropellos institucionales y anticipa una estrategia de judicialización. La negativa del peronismo a participar en las reuniones agrega un nuevo elemento de complejidad, ya que pone en cuestión no solo el contenido del proyecto, sino también la validez del proceso legislativo.

En este contexto, el tratamiento de la reforma laboral se perfila como un nuevo frente de conflicto para el Gobierno, que ya enfrenta resistencias en otros ámbitos del Congreso. La posibilidad de que la discusión termine dirimiéndose en la Justicia abre un escenario incierto, con impacto directo sobre los tiempos legislativos y la viabilidad política de una ley que busca introducir cambios de fondo en el mundo del trabajo. Mientras tanto, la Cámara alta queda atrapada en una disputa que combina reglamento, poder y una fuerte puja política.