El oficialismo chocó con sus límites en Diputados y quedaron al desnudo las fisuras del armado político
- El oficialismo logró la media sanción del Presupuesto 2026, pero perdió una votación clave.
- La derrota expuso debilidades en el armado político de Martín Menem y Diego Santilli.
- Varios gobernadores aliados acompañaron en general, pero se desmarcaron en el capítulo 11.
- Córdoba endureció su postura por la deuda previsional y tensó la relación con el Gobierno.
- El PRO quedó marginado en la AGN y profundizó su distanciamiento del oficialismo.
- La Libertad Avanza enfrenta el desafío de recomponer alianzas para sostener su agenda legislativa.
La dinámica triunfal que había comenzado a construir el oficialismo tras las elecciones de octubre encontró esta semana un primer límite concreto en el Congreso. La Libertad Avanza logró celebrar la media sanción del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados, pero al mismo tiempo sufrió una derrota clave al no conseguir la derogación de la emergencia en discapacidad ni del financiamiento universitario. El resultado dejó al descubierto las fragilidades del entramado político que sostienen Martín Menem y el ministro del Interior, Diego Santilli, encargados del delicado equilibrio de alianzas parlamentarias.
En el entorno del presidente de la Cámara relativizan el impacto del revés. “Forzamos mucho ese capítulo, pero estamos bien”, aseguran, y recuerdan que el oficialismo es apenas la primera minoría en Diputados. La lectura interna es que el trámite legislativo seguirá siendo cuesta arriba y que cada votación requerirá una negociación quirúrgica. Sin embargo, la caída del capítulo 11 expuso fallas en la coordinación política y dejó heridas abiertas con actores clave.
Durante las semanas previas, Santilli había trabajado intensamente para asegurar el respaldo de los gobernadores al Presupuesto. En ese marco, la Casa Rosada distribuyó $66 mil millones en Adelantos del Tesoro Nacional solo en las dos primeras semanas de diciembre, sobre un total anual de $199 mil millones. Tucumán, Misiones, Chaco, Catamarca, Entre Ríos y Salta figuraron entre las provincias más beneficiadas. Ese reparto alimentó la expectativa de contar con apoyos que finalmente no se tradujeron en la votación del capítulo más sensible.
El comportamiento de los diputados provinciales reflejó esa ambigüedad. Tucumán y Catamarca acompañaron el Presupuesto en general, pero se desmarcaron cuando llegó el turno del capítulo 11. En Salta, el respaldo se partió. En el oficialismo intentan despegar a los gobernadores de esas decisiones, aunque en voz baja reconocen que existían compromisos previos que no se cumplieron. También apuntan contra Provincias Unidas, cuyos diputados facilitaron el quórum pero luego rechazaron el proyecto, presionados —según la mirada libertaria— por el kirchnerismo.
El caso de Córdoba fue distinto y más previsible. Los cinco diputados que responden a Martín Llaryora ya habían expresado su malestar en comisión y optaron por abstenerse en la votación general. Luego rechazaron sin matices el capítulo 11. Detrás de esa postura aparece un reclamo estructural: la deuda de la Nación con la caja previsional cordobesa. La discusión se trasladó al Senado, donde el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, rechazó el monto que reclama la provincia, una respuesta que tensó aún más la relación con la bancada que también integran legisladores de Santa Fe.
A ese frente abierto se sumó un conflicto de mayor alcance político: la relación con el PRO. El bloque amarillo había condicionado su apoyo a la inclusión de la deuda por coparticipación con la Ciudad de Buenos Aires. El punto fue incorporado a último momento, pero dentro del polémico capítulo 11, junto a discapacidad y universidades. La jugada fue interpretada como un “todo o nada” que terminó en nada. El rechazo del capítulo dejó al PRO sin ese reclamo satisfecho y profundizó el malestar.
La situación se agravó horas después, cuando libertarios, kirchneristas y gobernadores del norte acordaron la designación de los representantes de Diputados en la Auditoría General de la Nación. El PRO quedó afuera, abandonó el recinto y amenazó con judicializar la decisión. La herida no es menor: los 12 diputados que conduce Cristian Ritondo resultan clave para alcanzar el quórum en futuras sesiones.
Aunque ya hubo contactos para intentar recomponer el vínculo, en el bloque amarillo reina la desconfianza. La advertencia es clara: acompañarán la reforma laboral, pero recuerdan que los 95 diputados propios del oficialismo no alcanzan para sostener una agenda ambiciosa sin aliados estables. El mensaje de fondo es que el Gobierno deberá revisar su estrategia si pretende avanzar con las reformas estructurales prometidas por Javier Milei.
El episodio dejó una enseñanza temprana: el capital político obtenido en las urnas no se traduce automáticamente en disciplina legislativa. Con alianzas frágiles, reclamos pendientes y socios molestos, el oficialismo enfrenta el desafío de reconstruir confianzas en un Congreso donde cada voto cuenta.