La reforma laboral y la pregunta que nadie responde del todo

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

La discusión sobre la reforma laboral volvió al centro de la escena con una intensidad que no sorprende, pero sí inquieta. No solo porque se trata de una de las reformas más sensibles para cualquier sociedad, sino porque reaparece en un contexto de fragilidad económica, ansiedad social y desconfianza política. Mientras el debate avanza en estudios de televisión, mesas técnicas y despachos legislativos, en la calle se expresa un malestar que no distingue tecnicismos: la sensación de que, una vez más, se discute sobre el trabajo sin que el trabajo aparezca del todo representado.

La pregunta que flota —simple en su formulación, compleja en su respuesta— es si los trabajadores deberían sentirse tranquilos frente a esta discusión. Tal vez el error esté en plantearla en esos términos. No se trata de tranquilidad o alarma, sino de equilibrio. Una ley laboral no puede ser concebida como un triunfo de una parte sobre la otra sin erosionar, tarde o temprano, su propia legitimidad. Cuando una norma se vive como un juego de suma cero, deja de ser un marco de convivencia y pasa a ser un campo de batalla.

Uno de los datos más evidentes, y a la vez más incómodos, es que el mercado laboral argentino ya no se parece al que dio origen a buena parte de su legislación. La economía industrial formal, con trayectorias previsibles y empleos estables, dejó de ser el patrón dominante. Hoy conviven trabajos asalariados, emprendimientos personales, changas, plataformas digitales y esquemas híbridos que desafían categorías tradicionales. El problema no es ese cambio en sí mismo, sino la persistencia de un sistema normativo y de seguridad social que sigue operando como si nada hubiera cambiado.

A esa desactualización estructural se suma un diagnóstico social que no admite eufemismos: informalidad elevada, salarios que no alcanzan y una promesa de progreso que muchos sienten quebrada. Para amplios sectores, sobre todo entre los jóvenes, el trabajo dejó de ser sinónimo de proyecto de vida. No se trata de falta de voluntad, como a veces se insinúa desde miradas simplistas, sino de una revisión de límites que generaciones anteriores naturalizaron. Cuando el esfuerzo no se traduce en estabilidad ni horizonte, la desafección no es ideológica: es racional.

En ese contexto, uno de los conceptos que aparece como eje de la reforma es la previsibilidad. No solo en términos macroeconómicos, sino institucionales. La dispersión de criterios judiciales, la duración de los litigios y la incertidumbre sobre los costos reales de contratar o despedir generan un clima que desalienta la formalización. La paradoja es evidente: un sistema pensado para proteger termina, muchas veces, expulsando hacia la informalidad. Y una protección que llega después de años de juicio difícilmente pueda considerarse efectiva para quien necesita ingresos inmediatos.

Sin embargo, reducir el problema a la letra de la ley sería un error. Hay un nudo más profundo que la reforma apenas roza: la enorme brecha entre lo que cuesta un trabajador y lo que efectivamente recibe en su bolsillo. Esa distancia no beneficia a nadie. Al empleador, porque encarece la contratación; al trabajador, porque percibe ingresos bajos pese a un costo total elevado. Ese desfasaje empuja incentivos perversos y vuelve inevitable una discusión más amplia que incluya el sistema previsional y el financiamiento de la seguridad social. Pensar la reforma laboral sin esa conversación es como intervenir un síntoma sin atender la enfermedad.

El avance de las plataformas digitales y el crecimiento del monotributo exponen otra zona gris. Muchos trabajadores valoran la flexibilidad y rechazan la relación de dependencia clásica, pero esa libertad puede volverse ilusoria si está condicionada por algoritmos, incentivos opacos o competencia desregulada. Al mismo tiempo, el monotributo se expandió como una categoría que, en muchos casos, deja a personas sin la cobertura ni los derechos que su realidad laboral demandaría. El sistema tributario y el de protección social parecen correr siempre detrás de los cambios, nunca a la par.

La discusión sobre instrumentos como el Fondo de Asistencia Laboral o el banco de horas refleja una tensión recurrente en la Argentina: la desconfianza. No tanto en la idea en abstracto, sino en su implementación. Quién administra, cómo se controla, qué garantías existen frente a eventuales desvíos. La experiencia enseña que las buenas intenciones no alcanzan si las reglas quedan libradas a reglamentaciones futuras que pueden cambiar con cada gobierno. La seguridad jurídica también se construye con precisiones incómodas.

Hay, además, una heterogeneidad que suele perderse en los debates generales. No es lo mismo una pyme que una gran empresa, ni un empleo de alta rotación que uno estable, ni un trabajador con habilidades escasas que otro fácilmente reemplazable. Regular como si todo fuera homogéneo conduce a distorsiones que terminan perjudicando a los más débiles. La equidad no siempre está en tratar igual, sino en reconocer diferencias reales.

Las reformas laborales, conviene recordarlo, no son actos fundacionales ni soluciones instantáneas. Son procesos, con correcciones, ajustes y, muchas veces, conflictos judiciales que revelan sus límites. Si la balanza se inclina demasiado hacia un lado, la discusión no se clausura en el Congreso: se traslada a los tribunales y se prolonga en el tiempo.

Tal vez el punto más sensato sea asumir que ninguna ley, por sí sola, va a reconstruir la confianza ni devolverle al trabajo su promesa de futuro. Pero sin reglas claras, controles efectivos y un Estado capaz de arbitrar sin partidismos, esa promesa seguirá siendo una consigna vacía. La reforma laboral, en definitiva, no debería ser una apuesta a todo o nada, sino un intento —prudente y realista— de adaptar las normas a una realidad que ya cambió, aunque muchos prefieran no mirarla de frente.