Reforma laboral: Pullaro y Llaryora son "la piedra en el zapato"
A medida que el tratamiento de la reforma laboral se acerca al Senado, se hace evidente que el gobierno de Javier Milei está intentando asegurar el respaldo de gobernadores moderados. A este respecto, las ausencias de Córdoba y Santa Fe en la agenda del gobierno son significativas. Estas provincias, que constituyen un bastión de Provincias Unidas, mantienen una relación ambivalente con la Casa Rosada, marcada por un antikirchnerismo compartido, pero también por demandas crecientes de financiamiento.
Los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora, y de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, han expresado una disposición a apoyar reformas que fomenten el empleo formal. Sin embargo, su respaldo en el Congreso está lejos de ser un hecho asegurado. Llaryora ha manifestado su preocupación de que la reforma laboral no implique un retroceso en los derechos adquiridos en los convenios laborales existentes, mientras que Pullaro se ha mantenido en silencio, rechazando incluso los cambios propuestos en el impuesto a las Ganancias que el gobierno sugiere.
La relación entre estas provincias y el gobierno de Milei se encuentra en un punto crítico. Ambos gobernadores han sido claros en que no renunciarán a sus reclamos de fondos y reactivación de obras públicas. La frustración de Pullaro se hace palpable: tras una serie de reuniones infructuosas con la Casa Rosada, su lealtad y apertura al diálogo se han visto comprometidas. Es un claro indicativo de que los gobernadores no son sólo piezas en un tablero político, sino actores con voz y demandas que merecen atención.
Por otro lado, en la Casa Rosada se argumenta que la agenda de Santilli no incluye visitas a Santa Fe simplemente por razones de tiempo. Pero resulta contradictorio que su gira contemple reuniones en provincias ya visitadas, mientras que la clave en Santa Fe sigue sin ser atendida. La tensión en las relaciones entre el gobierno y Pullaro sugiere que hay una oportunidad perdida para mantener un diálogo constructivo.
La estrategia de Provincias Unidas también parece estar dando frutos, ya que su bloque en el Congreso cuenta con un interbloque de 22 legisladores. Sin embargo, el hecho de que hayan emitido un comunicado en contra del reciente decreto de reforma de la ley de inteligencia sugiere que están dispuestos a desafiar al gobierno en cuestiones críticas. Esto puede ser visto tanto como un acto de valentía como una manifestación de un creciente descontento hacia la falta de respuestas del gobierno.
Además, el problema de la deuda de las cajas previsionales sobresale como un tema de conversación que sigue sin resolverse. Llaryora y Pullaro han liderado estos reclamos, cada uno en su provincia, pero sin un claro camino hacia la solución. Pullaro ha llevado su oposición a la judicialización, exigiendo lo que considera justo, mientras el gobierno solo ha realizado ofertas insuficientes.
Si analizamos la relación entre el gobierno de Milei y Provincias Unidas, es evidente que las expectativas de cooperación se ven empañadas por desconfianza y experiencias pasadas. La reforma laboral, aunque presentada como un paso hacia la formalización del empleo, se enfrenta a una resistencia que va más allá del simple desacuerdo político; es una cuestión de derechos y recursos que afectan directamente la calidad de vida en las provincias.
Así, la administración Milei necesita adoptar un enfoque más conciliador y reconocer las legítimas preocupaciones de los gobernadores. La falta de atención a sus reclamos puede tener consecuencias adversas no solo en la votación de la reforma laboral, sino en una potencial desestabilización de la coalición que, hasta ahora, ha sido percibida como un baluarte contra el kirchnerismo. Si Javier Milei desea realmente dejar una huella significativa en su gestión, será fundamental priorizar el diálogo, el entendimiento y, sobre todo, la resolución de los conflictos que están en la base de las tensiones actuales.