Cuando el bisturí del Estado entra en la caja sindical

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

Hay una zona del Estado donde el ideario libertario deja de ser abstracto y se vuelve quirúrgico: el sistema de salud administrado por obras sociales y prepagas. Allí, lejos de los slogans y las batallas culturales, el Gobierno se prepara para una ofensiva silenciosa pero profunda, que promete tensar aún más su relación con el sindicalismo organizado. No se trata solo de números, sino de poder.

La decisión política es clara: avanzar con controles y auditorías sin excepciones, aun cuando el costo sea abrir un frente sensible con la CGT. Para la administración de Javier Milei, el orden fiscal y la transparencia no admiten matices sectoriales. En ese diagnóstico, las obras sociales aparecen como una caja negra que combina déficit crónico, opacidad administrativa y una red de intereses que sobrevivió a gobiernos de todos los signos.

El instrumento elegido para esa tarea es la Superintendencia de Servicios de Salud, un organismo técnico que, sin embargo, cumple una función eminentemente política. Desde julio pasado está conducido por Claudio Stivelman, un médico con experiencia en la gestión sanitaria, que asumió con una consigna simple: acelerar lo que ya estaba en marcha desde el inicio del actual gobierno. Auditar, exigir información, intervenir cuando sea necesario y, en última instancia, cerrar.

El mensaje es inequívoco. No habrá distinción entre grandes y pequeñas entidades, ni entre obras sociales sindicales o prepagas privadas. La lógica es la misma que se aplica en otros sectores del Estado: quien no pueda sostenerse, deberá reconvertirse o desaparecer. La reciente baja de prestadores que no superaron los controles financieros funciona como advertencia. No es un gesto simbólico, sino un método.

El problema, como admiten incluso dentro del Ejecutivo, es que el camino está lleno de obstáculos. Las auditorías avanzan sobre estructuras acostumbradas a resistir, dilatar y esconder información. La resistencia no siempre es frontal; muchas veces se expresa en balances incompletos, datos inconsistentes o explicaciones que llegan tarde. Por eso, más que una fiscalización administrativa, el proceso se parece a un barrido paciente para reconstruir una verdad contable largamente postergada.

En ese recorrido aparecen los grandes nombres del sindicalismo. Obras sociales de gremios poderosos atraviesan situaciones críticas, con deudas acumuladas, prestadores impagos y afiliados que comienzan a expresar su malestar. El caso de Camioneros es paradigmático: un sindicato central en la vida política argentina, cuya obra social arrastra problemas que ya no pueden ocultarse. Incluso dentro del propio universo gremial surgen voces que reclaman orden, conscientes de que la exposición pública erosiona legitimidad.

Desde el oficialismo aseguran que no hay animosidad selectiva. Los datos duros parecen respaldar ese argumento: los fondos transferidos por el Sistema Único de Reintegro no se redujeron para ningún gremio en particular. El reparto, como siempre, refleja el peso específico de cada organización. Comercio, estatales, construcción, sanidad y transporte concentran los mayores montos, en una estructura que reproduce la correlación de fuerzas histórica del sindicalismo argentino.

Sin embargo, el conflicto no se agota en las auditorías. En paralelo avanza la reforma laboral, y allí aparece un punto que actúa como detonante. La reducción de la contribución patronal destinada a las obras sociales sindicales del 6% al 5% es leída por la CGT como una amenaza existencial. No se trata solo de una décima menos, sino de un cambio de lógica: menos recursos automáticos y más dependencia de la eficiencia.

Los gremios argumentan que esa rebaja implica un desfinanciamiento severo del sistema de salud laboral, con pérdidas millonarias que podrían comprometer la cobertura. En el fondo, temen que la reforma laboral y las auditorías conformen un mismo movimiento estratégico: debilitar el andamiaje económico que sostuvo durante décadas el poder sindical.

El Gobierno, por ahora, elige el silencio. No niega la posibilidad de negociar ese punto, pero evita dar definiciones. Es una táctica conocida: mantener abierta la puerta del diálogo sin ceder antes de tiempo. En Balcarce 50 saben que tocar la caja de las obras sociales es tocar el nervio del sindicalismo. Y también saben que, si logran imponer reglas más estrictas en ese terreno, habrán avanzado sobre uno de los pilares más resistentes del modelo corporativo argentino.

La paradoja es evidente. Un gobierno que predica la retirada del Estado se apoya, en este caso, en una intervención intensa para ordenar un sistema que combina recursos públicos, aportes privados y gestión sindical. La pregunta no es si habrá conflicto, sino cuán profundo será. Porque en la Argentina, la salud nunca es solo un tema sanitario: es una disputa por poder, recursos y legitimidad.