Apertura comercial y controles ex post: el delicado equilibrio que busca el Gobierno en las importaciones

• El Gobierno concentró en Economía el control de las importaciones, sin reinstalar trabas previas.
• La Secretaría de Industria y Comercio definirá el origen de los bienes para evitar triangulaciones.
• Se priorizan controles ex post sobre calidad y especificaciones técnicas en el mercado.
• Las importaciones crecieron con fuerza en 2025, impulsadas por la flexibilización de procesos.
• Sectores industriales cuestionan la efectividad y alcance real de las fiscalizaciones.
• Las denuncias por dumping siguen siendo la principal herramienta de defensa empresarial.

En el marco de una estrategia orientada a profundizar la apertura comercial, el Ministerio de Economía avanzó en una reorganización del esquema de control de las importaciones. La novedad central es la concentración de estas tareas en el área económica, desplazando a otros organismos que hasta hace poco compartían ese rol. Lejos de implicar un endurecimiento arancelario o la reinstalación de trabas burocráticas previas, el nuevo enfoque apunta a verificar la calidad y el cumplimiento normativo de los productos una vez que ya ingresaron al circuito comercial.

El cambio quedó formalizado a través del DNU 41, que asignó a la Secretaría de Industria y Comercio la responsabilidad de determinar el origen de los bienes importados. Bajo la órbita de la coordinación productiva, el área deberá garantizar que se respeten las reglas de origen vigentes, especialmente las vinculadas al Mercosur. El objetivo declarado es evitar maniobras de triangulación comercial o el ingreso de mercadería extrazona que intente aprovechar beneficios regionales sin cumplir los requisitos establecidos.

Desde el sector importador señalan que el alcance real de esta decisión dependerá de su reglamentación. Las empresas aguardan definiciones operativas que permitan dar previsibilidad al comercio exterior y, al mismo tiempo, cerrar resquicios a prácticas irregulares que distorsionan la competencia. La determinación de origen, en ese sentido, aparece como una herramienta clave en un escenario de mayor flujo de bienes desde el exterior.

El trasfondo de estas medidas es una política oficial orientada a facilitar el ingreso de mercaderías. Durante el último año se eliminaron o flexibilizaron distintos mecanismos que, según la visión del Gobierno, encarecían y demoraban los embarques. Entre ellos, la posibilidad de que cámaras empresarias realizaran inspecciones en puertos antes de la liberación aduanera, así como ciertos controles sanitarios que fueron relajados para agilizar los procesos.

El impacto de este giro se reflejó en las estadísticas. En 2025, las importaciones totalizaron casi 76 mil millones de dólares, con un crecimiento cercano al 25% interanual. En ese contexto, la autoridad económica optó por un esquema de controles ex post: los productos ingresan al país y, posteriormente, se realizan verificaciones sobre su calidad y el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas por la normativa vigente.

Los operativos se concentran, por ejemplo, en locales de venta de electrodomésticos y otros bienes durables. Si se detectan incumplimientos, la mercadería puede ser retirada del mercado. Funcionarios del área remarcan que este tipo de acciones forman parte de las tareas habituales de fiscalización y que no distinguen entre productos importados y de fabricación nacional, ya que buscan garantizar reglas de lealtad comercial para todos los actores.

Sin embargo, el crecimiento del ingreso de bienes terminados —que aumentaron más del 50% y ya explican una porción significativa de las compras externas— reavivó las tensiones con sectores industriales locales. Desde algunas cámaras empresarias cuestionan la efectividad de los controles y sostienen que se trata de acciones puntuales, más orientadas a dar señales que a modificar de fondo las condiciones de competencia. También advierten sobre la falta de una estrategia integral contra el contrabando.

Otras voces del entramado productivo señalan que los controles posteriores a la distribución resultan insuficientes para prevenir prácticas desleales. Argumentan que, una vez que el producto ya circuló en el mercado, el daño para la industria local está hecho, y reclaman un mayor énfasis en las verificaciones al momento del ingreso al país.

Frente a este escenario, las empresas cuentan con una herramienta formal para defenderse: la presentación de denuncias por dumping ante la Comisión Nacional de Comercio Exterior. El procedimiento permite investigar si determinados productos se venden a precios artificialmente bajos y, de comprobarse, aplicar derechos antidumping conforme a las normas internacionales. En lo que va del año ya se iniciaron nuevos reclamos, que se suman a una larga lista de procesos abiertos en los últimos dos años, mayoritariamente vinculados a manufacturas de origen asiático y europeo.