Monteoliva y la imputabilidad: un debate que el Gobierno busca reabrir con foco regional y penal

• La ministra afirmó que la Argentina está rezagada en el debate sobre la edad de imputabilidad juvenil.
• Planteó que la normativa vigente, de 1980, no refleja los cambios en el delito organizado.
• Comparó la situación local con la región, donde la mayoría de los países fija límites entre 12 y 14 años.
• Advirtió sobre el reclutamiento sistemático de niños por parte de organizaciones criminales.
• Sostuvo que la reforma debe incluir prevención, educación y contención institucional, no solo sanción penal.
• Defendió los resultados de la gestión y destacó una baja sostenida de homicidios desde fines de 2023.

La discusión sobre la edad de imputabilidad volvió al centro de la escena política a partir de las definiciones públicas de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien planteó la necesidad de avanzar en una reforma profunda del sistema penal juvenil. Con un diagnóstico que combina comparaciones regionales, cambios en la dinámica del delito y críticas a la normativa vigente, la funcionaria sostuvo que la Argentina llega tarde a un debate que ya atravesaron la mayoría de los países de América Latina.

Monteoliva señaló que el régimen actual se apoya en una legislación que data de 1980 y que, a su entender, quedó desfasada frente a la transformación de las organizaciones criminales. Según explicó, las estructuras delictivas de hoy no solo son más complejas, sino que incorporaron prácticas sistemáticas de reclutamiento de menores, una variable que obliga a repensar el enfoque tradicional del derecho penal juvenil.

En ese marco, la ministra subrayó que la discusión excede el plano local. Al comparar la situación argentina con la de otros países de la región, advirtió que —con la excepción de Brasil— la mayoría fija la edad de imputabilidad entre los 12 y los 14 años. Para Monteoliva, ese dato no es aislado: América Latina concentra alrededor del 35% de los homicidios del mundo, pese a representar menos del 10% de la población global, un contraste que, según su mirada, expone la gravedad del fenómeno delictivo regional.

La funcionaria incluso fue más allá del consenso que hoy se discute en el Congreso y dejó abierta la puerta a una reducción mayor. Si bien reconoció que un acuerdo en torno a los 13 o 14 años podría ser un primer paso, expresó que, desde su perspectiva, la edad podría ser “un poco menor”, en línea con una tendencia internacional que observa límites en los 12 o 13 años. La afirmación reavivó un debate sensible, atravesado por tensiones políticas, jurídicas y sociales.

Monteoliva puso especial énfasis en el rol de las organizaciones criminales en la captación de niños y adolescentes. Alertó que estas redes utilizan a los menores como piezas reemplazables, aprovechando los vacíos legales y la falta de respuestas estatales eficaces. Para la ministra, subestimar ese fenómeno implica desconocer una de las principales fuentes de reproducción del delito en los barrios más vulnerables.

Frente a las críticas que reducen la discusión a una lógica punitiva, la titular de Seguridad insistió en que la iniciativa oficial no se limita a “bajar un número”. Planteó que cualquier modificación debe formar parte de una estrategia integral que incluya prevención, contención institucional y un fuerte componente educativo. En ese esquema, la educación obligatoria y la figura de un supervisor aparecen como ejes para evitar que los institutos de menores se conviertan en espacios de exclusión o abandono.

La implementación, reconoció, presenta desafíos adicionales por la estructura federal del sistema judicial, ya que la justicia de menores depende en gran medida de las provincias. Aun así, afirmó que existe un trabajo de articulación en marcha, aunque fue crítica con la provincia de Buenos Aires, a la que acusó de sostener una postura “altamente ideologizada” que dificulta cambios en materia de seguridad.

Finalmente, Monteoliva defendió el rumbo de la política oficial y aseguró que los indicadores muestran una baja sostenida de homicidios desde fines de 2023. Admitió que los episodios de violencia generan un fuerte impacto social, pero sostuvo que esos hechos no deben opacar lo que definió como avances concretos en la lucha contra el crimen organizado, al que señaló como el principal desafío de la agenda de seguridad.