El acuerdo con Estados Unidos abre un nuevo frente en la agenda legislativa del Gobierno

• El Gobierno analiza si envía el acuerdo con Estados Unidos al Congreso durante las sesiones extraordinarias o en marzo.
• La ratificación parlamentaria es indispensable para que el tratado entre en vigencia.
• El acuerdo implica cambios legislativos y regulatorios adicionales, más allá del texto principal.
• La desregulación y la adopción de estándares internacionales son ejes centrales del entendimiento.
• La agenda legislativa ya incluye reformas sensibles que condicionan los tiempos del debate.
• El Ejecutivo considera al tratado una oportunidad estratégica para la inserción internacional del país.

Tras la firma del acuerdo comercial entre la Argentina y los Estados Unidos, el Gobierno nacional evalúa ahora el momento político más conveniente para enviarlo al Congreso. La disyuntiva pasa por incluirlo en el temario de las sesiones extraordinarias que se encuentran en curso o postergar su debate hasta marzo, cuando comience el período ordinario. La definición no es menor: el Poder Ejecutivo ya impulsa varias reformas sensibles y busca ordenar prioridades en un escenario legislativo cargado.

En el oficialismo celebran la rúbrica como un hito en la estrategia de apertura económica y alineamiento internacional. La firma llegó luego de que los equipos técnicos de ambos países concluyeran la revisión del texto final, cuyo contenido completo todavía no fue difundido. Aun así, en la Casa Rosada remarcan que se trata de un paso decisivo, aunque insuficiente para que el acuerdo entre en vigencia sin el aval del Parlamento.

El trámite legislativo se anticipa complejo por acumulación, más que por resistencias explícitas. El acuerdo deberá ser aprobado tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado, donde actualmente se discuten iniciativas centrales para el Ejecutivo, como la reforma laboral y el nuevo régimen penal juvenil. En ese contexto, dentro del Gobierno admiten que aún no está definido si conviene sumar un nuevo debate de alto impacto en pleno período extraordinario.

Más allá del tratado en sí, el acuerdo con Estados Unidos incluye compromisos que obligarán a modificar normas vigentes en el plano local. Algunas de esas adecuaciones requerirán leyes específicas, mientras que otras podrían instrumentarse a través de decretos. En el Ejecutivo explican que el proceso será doble: ratificación parlamentaria del acuerdo marco y envío de proyectos complementarios para adaptar la legislación argentina a los compromisos asumidos.

En ese esquema, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado cumple un rol central. Desde esa cartera se trabaja desde hace meses en la eliminación de trabas burocráticas y regulaciones que forman parte de las condiciones negociadas con Washington. La revisión normativa apunta a facilitar el comercio bilateral y reducir costos administrativos que, según la visión oficial, afectan la competitividad.

Entre los lineamientos ya conocidos, se prevé la eliminación de formalidades consulares para importaciones provenientes de Estados Unidos y la reducción gradual del impuesto estadístico aplicado a esos bienes. También se avanzará en la adopción de estándares internacionales en sectores clave. De ese modo, productos como medicamentos aprobados por la autoridad sanitaria norteamericana o vehículos fabricados bajo normas federales de seguridad podrían ingresar al país sin nuevos controles locales.

El acuerdo también incorpora compromisos en materia de propiedad intelectual y lucha contra la piratería, incluyendo el comercio digital. Otro punto relevante es la prohibición de importar bienes producidos mediante trabajo forzoso u obligatorio, una cláusula que, por su impacto en el régimen aduanero, requerirá necesariamente aprobación del Congreso.

La decisión política final sobre cuándo enviar el acuerdo será tomada por la mesa que diseña la estrategia legislativa del oficialismo. Ese ámbito tiene previsto reunirse en los próximos días para evaluar el escenario y definir los próximos pasos. Desde el Ejecutivo ya confirmaron que el tratado será remitido al Parlamento y apelaron a la responsabilidad de los legisladores frente a lo que consideran una oportunidad estratégica para el país.

Mientras tanto, la agenda inmediata sigue concentrada en los proyectos ya en debate. En los próximos días, el Senado se pronunciará sobre la reforma laboral, con tensiones abiertas por su impacto fiscal, y Diputados tratará el nuevo régimen penal juvenil. En paralelo, continúan en carpeta otros temas relevantes, como el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y la modificación de la ley de glaciares, que aún esperan fecha de tratamiento. En ese contexto, el acuerdo con Estados Unidos se suma como una pieza clave, pero todavía pendiente de encuadre político y temporal.