Reforma laboral: el Senado se prepara para una pulseada artículo por artículo

• El oficialismo enfoca la estrategia en la votación en particular más que en la general.
• Se prevé un esquema mixto: capítulos completos y artículos individuales según el nivel de conflicto.
• Desde la Casa Rosada llegan señales contradictorias sobre la apertura a cambios en el dictamen.
• Persisten dudas sobre aportes sindicales, empresariales y el impacto fiscal de la reforma.
• Bullrich necesita articular apoyos de radicales, PRO y bloques provinciales para llegar a 37 votos.
• Los senadores provinciales y peronistas dialoguistas aparecen como árbitros del resultado final.

A horas de una cumbre decisiva con potenciales aliados, prevista para la tarde de este lunes, el oficialismo en el Senado terminó de ajustar la estrategia con la que llevará al recinto la reforma laboral durante la sesión extraordinaria del miércoles próximo. Lejos de centrarse en la aprobación en general —que en La Libertad Avanza dan prácticamente por asegurada—, la atención está puesta en la discusión en particular, donde se concentrarán las verdaderas tensiones políticas y técnicas del proyecto.

La hoja de ruta que se impone en el bloque oficialista contempla un esquema mixto: votaciones por capítulos completos en los tramos menos conflictivos y un tratamiento artículo por artículo en aquellos puntos donde se anticipan mayores resistencias. No se trata solo de una cuestión procedimental, sino de una lectura política: el Gobierno ya identificó que los apoyos “dialoguistas” que necesita para alcanzar el número mágico no están dispuestos a acompañar una votación fragmentada en todos los casos. Forzar ese camino podría poner en riesgo el resultado final.

Ese realismo táctico convive, sin embargo, con señales contradictorias que llegan desde el Poder Ejecutivo. En los últimos días, generó ruido en la Cámara alta la arenga lanzada desde la Casa Rosada para no aceptar modificaciones sustanciales al dictamen de mayoría firmado en diciembre. Más allá de la legitimidad de esa postura, en el Senado advierten que una posición inflexible podría ser costosa en un recinto históricamente adverso para el oficialismo libertario, salvo que los respaldos estén cerrados de antemano.

El antecedente inmediato tampoco ayuda a despejar dudas. En meses preelectorales recientes, la dinámica confrontativa derivó en episodios de alta tensión legislativa y errores de cálculo que terminaron complicando iniciativas clave. Todo eso ocurre, además, antes del inicio formal del período ordinario, que el Presidente inaugurará el 1° de marzo, un dato que suma presión al calendario político.

En las bancadas dialoguistas aún confían en la experiencia parlamentaria de Patricia Bullrich, jefa del interbloque oficialista en el Senado, curtida en negociaciones complejas de otras etapas del Congreso. Sin embargo, la percepción dominante es que la última palabra no se define en el Palacio Legislativo, sino en Balcarce 50. Y allí, reconocen incluso aliados potenciales, persisten idas y vueltas poco claras sobre capítulos sensibles de la reforma.

Uno de los focos de incertidumbre gira en torno a los aportes sindicales y empresariales. La pregunta que circula en los pasillos es simple, pero decisiva: ¿serán todos voluntarios, habrá excepciones o se aplicará un criterio desigual? Las señales ambiguas del Ejecutivo alteraron a sindicatos y cámaras empresarias, que observan con atención cada movimiento previo a la sesión.

También aparece en el radar el impacto fiscal del proyecto y su relación con la coparticipación. En voz baja, algunos senadores admiten que la Nación absorbería una porción mayor del costo, aunque el reclamo público se concentre en las provincias. Tras dos años de ajuste severo, los gobernadores llegan a esta instancia con una base de reclamo más sólida que en el pasado, cuando el peso del ajuste recaía sin anestesia sobre contribuyentes y pymes.

En un plano más acotado, subsisten objeciones puntuales a ciertos artículos. Se mencionan, por ejemplo, resistencias a la eliminación inmediata de algunos fondos específicos y estatutos, donde sectores aliados proponen plazos de readecuación antes de una derogación plena. Para el Gobierno, en cambio, esos capítulos forman parte del núcleo duro de la reforma y deberían avanzarse sin transiciones largas.

En términos numéricos, Bullrich conduce un interbloque de 21 senadores y necesita sumar, al menos, una porción sustancial de los diez radicales, los tres del PRO, los dos de Provincias Unidas y un puñado de representantes provinciales. Con 37 votos se habilitaría la aprobación, en un universo potencial que ronda los 44. En ese último grupo se concentran hoy las miradas del oficialismo, que sabe que allí se juega la suerte final de la reforma.