Reforma laboral: el Gobierno evalúa eliminar el capítulo fiscal para asegurar la aprobación en el Congreso

• El Gobierno evalúa eliminar el capítulo fiscal de la reforma laboral
• La baja de Ganancias para empresas generó resistencia política y fiscal
• Gobernadores aliados reclamaron cambios para acompañar el proyecto
• El oficialismo aceptó concesiones en artículos sensibles para sumar votos
• El Senado aparece como el principal desafío para la aprobación
• La estrategia apunta a priorizar el núcleo de la reforma y evitar un revés legislativo

A pocas horas de que comience el tratamiento legislativo de la reforma laboral, el Gobierno enfrenta una definición clave que puede alterar el diseño original del proyecto. El foco de las discusiones está puesto en el capítulo fiscal de la iniciativa, cuestionado por gobernadores y sectores de la oposición, y cuya continuidad quedó en duda ante la falta de consensos políticos y las propias limitaciones presupuestarias del oficialismo.

Este martes, la mesa política del Gobierno volvió a reunirse en la Casa Rosada con el objetivo de cerrar una estrategia común antes del debate parlamentario. Aunque en un primer momento se había planteado la posibilidad de introducir modificaciones —en particular, en lo referido a la baja de las alícuotas del impuesto a las Ganancias para las sociedades—, en las últimas horas ganó fuerza una postura más pragmática: retirar directamente ese capítulo para evitar un conflicto mayor en el Senado.

En distintas provincias comenzó a circular la versión de que la decisión ya estaría tomada. Según admiten dirigentes con diálogo fluido con el Ejecutivo, la eliminación del artículo fiscal permitiría descomprimir tensiones con los gobernadores y facilitar el respaldo de los bloques aliados. La lectura compartida es que la rebaja de Ganancias no solo generaba resistencia política, sino que además comprometía la recaudación nacional en un contexto donde el margen fiscal sigue siendo acotado.

Desde el interior del país reconocen que, si bien existe coincidencia en la necesidad de reducir la carga impositiva, la propuesta incluida en la reforma laboral estaba mal calibrada. En ese sentido, varios mandatarios provinciales señalaron que ya habían advertido sobre el impacto negativo que tendría una medida de ese tipo sin una compensación clara, tanto para las cuentas provinciales como para las nacionales.

El repliegue en el capítulo fiscal no sería el único gesto del oficialismo para garantizar la aprobación del proyecto. En paralelo, el Gobierno avanzó en acuerdos para reformular artículos sensibles vinculados a las cuotas solidarias, una de las principales demandas del sector sindical. También se resolvió dejar de lado la posibilidad de que los salarios se paguen a través de billeteras virtuales, una iniciativa que había generado fuerte resistencia en el sistema bancario.

Estas concesiones forman parte de una estrategia más amplia orientada a asegurar que la reforma laboral sea sancionada durante el período de sesiones extraordinarias, sin dilaciones ni sobresaltos. La consigna que se repite en los despachos oficiales es clara: priorizar el núcleo del proyecto y resignar puntos conflictivos antes que arriesgar un revés parlamentario.

La coordinación política se intensificó en las últimas horas. Además de la mesa política, se multiplicaron las reuniones con referentes de los bloques dialoguistas en el Senado y con gobernadores clave, con el objetivo de medir apoyos y despejar dudas. En ese marco, el ministro de Economía tuvo un rol central en el análisis del impacto fiscal de la iniciativa, especialmente en lo referido a Ganancias, un impuesto que sigue siendo determinante para la estructura de ingresos del Estado.

El escenario legislativo, sin embargo, sigue siendo complejo. En la Cámara alta, un grupo reducido de senadores con posiciones ambiguas se convirtió en el principal foco de atención. Su definición será determinante para el destino del proyecto, en un contexto atravesado por presiones políticas cruzadas y negociaciones de último momento.

Mientras tanto, el Ejecutivo refuerza su presencia en el Congreso con un despliegue de funcionarios dedicados exclusivamente a la búsqueda de votos, no solo para la reforma laboral sino también para otras iniciativas que integran la agenda oficial. La apuesta es clara: mostrar capacidad de diálogo, evitar rupturas innecesarias y avanzar con un paquete de cambios que el Gobierno considera central para la modernización del mercado de trabajo.

En ese equilibrio delicado entre convicción y pragmatismo, la posible eliminación del capítulo fiscal aparece como una señal de adaptación a la realidad política. La definición final marcará el tono del debate que se inicia y será una primera prueba de fuego para la estrategia parlamentaria del oficialismo en un año legislativo que se anticipa intenso.