El oficialismo obtuvo dictamen para tratar en el recinto de Diputados la Ley Penal Juvenil

• El oficialismo obtuvo dictamen para tratar la Ley Penal Juvenil en el recinto.
• La edad de imputabilidad se fija en 14 años para delitos graves.
• La pena máxima será de hasta 15 años de prisión.
• Se priorizan penas alternativas y la privación de libertad será el último recurso.
• El proyecto incluye una partida presupuestaria específica de más de $23.700 millones.
• La iniciativa cuenta con apoyos suficientes para su aprobación en general.

El oficialismo consiguió este miércoles el dictamen de mayoría para llevar al recinto de la Cámara de Diputados el proyecto de Ley Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años para determinados delitos. El despacho reunió 81 firmas en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Familia y Niñez, Presupuesto y Justicia, y quedó habilitado para su tratamiento en sesión.

La iniciativa establece que adolescentes de entre 14 y 18 años podrán ser penalmente responsables en casos de delitos graves como homicidio, abuso sexual, secuestro o robos con violencia. En esos supuestos, la pena máxima prevista será de hasta 15 años de prisión. No obstante, el texto remarca que la privación de libertad deberá aplicarse como última instancia y promueve un esquema con alternativas orientadas a la reinserción.

El respaldo clave provino del PRO, la UCR, el MID y distintos bloques provinciales, lo que permitió consolidar el dictamen. El Ejecutivo había intentado inicialmente fijar la edad mínima en 13 años, pero retiró esa propuesta ante la falta de consenso y aceptó mantener el límite en 14, tal como se había discutido en el período legislativo anterior.

Entre los aspectos centrales del proyecto figura la incorporación de una partida presupuestaria específica de $23.739 millones para su implementación. El detalle de los fondos, asignados al Ministerio de Justicia y a la Defensoría General de la Nación, fue incluido tras las objeciones de gobernadores que reclamaban evitar que los costos recayeran exclusivamente en las provincias. La versión anterior del texto, que perdió estado parlamentario, no contemplaba montos definidos.

El nuevo régimen contempla una amplia gama de sanciones alternativas para delitos con penas menores. Entre ellas se encuentran la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, la realización de tareas comunitarias, el monitoreo electrónico, la reparación integral del daño y restricciones para asistir a determinados lugares o conducir vehículos. Además, se prevé la posibilidad de suspensión del proceso a prueba y mediación penal juvenil en infracciones leves, con intervención obligatoria del Ministerio Público Fiscal y consentimiento expreso de la víctima.

El proyecto también fija condiciones estrictas para la ejecución de penas privativas de libertad. Se crearán institutos especializados para adolescentes, con personal capacitado en infancia y adolescencia, y se garantizará el acceso a educación, atención médica y tratamiento en casos de consumo problemático de sustancias. Queda expresamente prohibida cualquier forma de convivencia con detenidos mayores de edad.

Desde el oficialismo sostienen que la reforma busca actualizar un régimen que consideran desfasado y fragmentado. Argumentan que el nuevo esquema se adecua a parámetros constitucionales y a estándares vigentes en otros países de la región, donde la edad mínima de imputabilidad se ubica en niveles similares o incluso inferiores. Además, remarcan que el objetivo no es únicamente punitivo, sino que incorpora herramientas de prevención y resocialización.

En la oposición, el debate exhibe matices. Un sector del peronismo presentó un dictamen alternativo que mantiene la edad de imputabilidad en 16 años y pone el foco en políticas de contención y justicia restaurativa, con una pena máxima de 10 años. Por su parte, el Frente Renovador impulsó un texto propio que también propone fijar el límite en 14 años, aunque con diferencias en materia de ejecución e infraestructura.

Algunas bancadas anticiparon que acompañarán la aprobación en general, pero plantearán modificaciones en la discusión en particular, especialmente en lo referido al financiamiento y a las garantías para evitar que los menores sean alojados en dependencias anexas al sistema penitenciario de adultos.

Con el dictamen ya firmado y el respaldo de sus aliados, el oficialismo se encamina a dar el primer paso formal hacia la sanción de una reforma que reabre un debate histórico: cómo equilibrar la respuesta del Estado frente al delito juvenil con la obligación de proteger los derechos y promover la reintegración social de los adolescentes.