La industria del juicio en el centro de una reforma que busca cambiar incentivos

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

La Argentina discute, una vez más, su relación con el trabajo formal en un momento que combina urgencia económica y fatiga estructural. La media sanción de la Ley de Reforma Laboral en el Senado no es solo un episodio parlamentario: es el síntoma de una tensión más profunda entre un sistema que quedó congelado en otra época y una realidad productiva que cambió de manera irreversible. En ese cruce se juega algo más que una disputa ideológica: se define qué incentivos tendrá el país para crear empleo genuino.

El dato duro es conocido, pero no por eso menos inquietante: millones de personas trabajan por fuera del sistema formal. No se trata solo de una estadística, sino de un universo de trayectorias laborales inestables, sin cobertura ni horizonte previsional claro. La informalidad, lejos de ser una anomalía pasajera, se convirtió en una válvula de escape frente a un marco regulatorio que muchos empleadores perciben como impredecible. En ese contexto, contratar personal dejó de ser una apuesta al crecimiento para transformarse, en demasiados casos, en una fuente de riesgo.

Uno de los núcleos del problema es la incertidumbre jurídica: la legislación vigente fue pensada para un mercado laboral distinto, con estructuras empresarias más rígidas y dinámicas productivas menos volátiles. Hoy, esa arquitectura normativa convive con interpretaciones judiciales que amplían los márgenes de litigio. El resultado es un ecosistema donde los costos potenciales de un conflicto laboral pueden escalar a niveles difíciles de anticipar, especialmente para pequeñas y medianas empresas que operan con márgenes estrechos.

La reforma que ya obtuvo media sanción busca intervenir justamente en ese terreno. Su lógica central apunta a transformar la incertidumbre en variables más previsibles. Al delimitar qué conceptos integran la base indemnizatoria y establecer criterios uniformes de actualización, el proyecto intenta reducir la discrecionalidad que hoy caracteriza a muchos procesos judiciales. No se trata únicamente de una cuestión técnica: detrás de esa ingeniería legal subyace la idea de que la previsibilidad es una condición necesaria para que el empleo formal vuelva a ser atractivo.

Otro aspecto relevante es la introducción de topes claros en el cálculo indemnizatorio. Este punto apunta a resolver una tensión frecuente: cómo equilibrar la protección del trabajador con la capacidad real de pago del empleador. Al fijar parámetros objetivos vinculados a promedios sectoriales, la reforma busca que el riesgo máximo sea conocido de antemano. Para el mundo empresario, eso implica convertir un escenario abierto en uno gestionable. Para el trabajador, la promesa es un sistema más transparente.

Quizás el elemento más disruptivo del proyecto sea la posibilidad de implementar fondos de cese laboral acordados entre partes. Este mecanismo propone reemplazar la lógica tradicional de la indemnización por un esquema de capitalización previa. La ventaja teórica es doble: el trabajador accede a un cobro inmediato y el empleador reduce la exposición a litigios prolongados. Además, la administración profesional de esos fondos introduce una dimensión financiera que, en contextos inflacionarios, puede preservar el valor de los recursos.

La reforma también aborda un punto menos visible pero significativo: el rol de los peritos en los litigios laborales. Al desvincular sus honorarios del monto final de la sentencia, se intenta corregir incentivos que, según sus impulsores, distorsionaban la evaluación técnica. La intención declarada es reforzar la neutralidad del peritaje y, con ello, la confianza en el proceso judicial.

Detrás de estas modificaciones late una pregunta política de fondo: cómo construir un sistema que proteja derechos sin desalentar la creación de empleo. Las pymes, responsables de una porción sustantiva del trabajo registrado, operan como termómetro de esa discusión. Cuando el marco regulatorio es percibido como hostil o impredecible, la reacción defensiva suele ser la retracción. Y esa retracción se traduce en menos oportunidades formales.

Nada de esto implica que la reforma sea una solución mágica. Como toda ingeniería institucional, su impacto dependerá de la implementación, de la respuesta de los actores económicos y de la estabilidad de las reglas en el tiempo. La confianza —ese insumo intangible pero decisivo— no se decreta: se construye con consistencia.

La media sanción en el Senado abre una etapa donde el debate deberá afinar argumentos más allá de consignas. La cuestión no es elegir entre derechos y productividad, sino encontrar un punto de equilibrio que permita que ambos se potencien. En un país donde la informalidad se volvió paisaje, cualquier intento de reordenamiento laboral es, inevitablemente, una discusión sobre el modelo de desarrollo.

El desafío es que la reforma no quede atrapada en la lógica binaria de vencedores y vencidos. Si logra traducirse en mayor previsibilidad, menos litigiosidad y más incentivos para formalizar empleo, habrá dado un paso relevante. Pero su verdadero examen será si consigue alterar la inercia de un sistema que, hasta ahora, empujó a millones a los márgenes. Ahí, más que en el texto de la ley, se jugará su legitimidad histórica.