Mucho show, poco plan: el decreto de Viotti y la irresponsabilidad del peronismo

El intendente de Rafaela, Leonardo Viotti, firmó este viernes el decreto que prohíbe la actividad de lavacoches y cuidacoches en la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC). Lo hizo con conferencia de prensa, anuncios rimbombantes y discursos de firmeza. Sin embargo, fiel a su costumbre, evitó explicar con precisión cómo piensa abordar de fondo la problemática social que él mismo reconoce como compleja.

Una vez más, Viotti eligió el camino del impacto mediático antes que el de la gestión real. El decreto fue presentado como una decisión “histórica”, pero sin un programa concreto de inclusión, reconversión laboral o seguimiento efectivo de las casi 100 personas que hoy subsisten de esa actividad. Lo único claro es la prohibición y el castigo: multas que pueden superar el millón y medio de pesos, incluso para los vecinos que acepten el servicio.

En su exposición pública, el intendente se limitó a fustigar a los lavacoches como si fueran los únicos responsables de los graves problemas de inseguridad que atraviesa Rafaela. Un enfoque simplista y peligroso, que estigmatiza a un sector vulnerable sin atacar las causas profundas: adicciones, pobreza, falta de empleo y ausencia de políticas sociales sostenidas.

Pero la escena dejó además otro dato preocupante: la ausencia total del bloque peronista en la reunión convocada por el Ejecutivo para debatir los alcances de la medida. Una vez más, el peronismo local volvió a demostrar una preocupante irresponsabilidad institucional al faltar a una cita clave para una problemática que atraviesa a toda la ciudad.

Las soluciones no se construyen mirando para otro lado ni boicoteando espacios de discusión. Las soluciones se encuentran dialogando, discutiendo y aportando ideas, siempre dentro del marco del debate democrático. Cuando una fuerza política decide ausentarse, no castiga al intendente: castiga a los vecinos que esperan respuestas.

El decreto, presentado con bombos y platillos, parece más una maniobra de marketing político que una política pública integral. Viotti habló de límites, de orden y de controles, pero no detalló presupuestos, programas ni plazos reales para la reinserción social de estas personas. Todo quedó reducido a promesas generales: refugio, asistencia, salud y “salida laboral”, sin un solo mecanismo concreto explicado a la ciudadanía.

Incluso en el plano institucional, el camino elegido deja interrogantes. En lugar de enviar un proyecto de ordenanza al Concejo para un debate amplio y plural, se optó por un decreto unilateral, rápido y efectista. Y frente a esa decisión, la oposición mayoritaria eligió la silla vacía.

La prohibición comenzará a aplicarse plenamente el 15 de abril, tras 60 días de “comunicación”. Luego vendrán los controles, las actas y las multas. Lo que no vendrá —al menos por ahora— es un plan serio y estructurado para resolver la problemática social que el propio intendente describe como compleja.

Así, la ciudad queda atrapada entre dos irresponsabilidades: un gobierno que sobreactúa firmeza sin explicar cómo resolverá el problema de fondo, y una oposición que se ausenta cuando debería debatir, proponer y controlar.

Mientras tanto, la inseguridad, la exclusión y el conflicto urbano siguen intactos, esperando algo más que decretos ruidosos y silencios políticos.