El oficialismo impulsa la expulsión de una diputada tras un incidente en la sesión por la reforma laboral

• El oficialismo presentó un proyecto para expulsar a una diputada por interferir en una sesión
• La acusación se basa en la manipulación de equipos técnicos del recinto
• El pedido invoca facultades disciplinarias previstas en la Constitución
• Imágenes del incidente intensificaron el cruce político
• Se solicitó una suspensión preventiva mientras se analiza el caso
• La comisión de Asuntos Constitucionales evaluará la procedencia de sanciones

El oficialismo presentó este viernes un proyecto para excluir de la Cámara de Diputados a la legisladora Florencia Carignano, a quien acusa de haber interferido en el normal desarrollo de la sesión en la que se aprobó la reforma laboral. La iniciativa, impulsada por el jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, sostiene que la diputada incurrió en “desorden de conducta” al manipular dispositivos técnicos del recinto, conducta que —según el texto— afectó tareas esenciales para el funcionamiento parlamentario.

El episodio se produjo durante una jornada marcada por protestas de sectores opositores frente a la decisión de la Presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina de avanzar con la votación del plan de labor. En ese contexto, varios legisladores se acercaron al estrado y Carignano desconectó micrófonos y equipamiento técnico, acción que quedó registrada por las cámaras del recinto.

El proyecto oficialista invoca el artículo 66 de la Constitución Nacional, que habilita a cada cámara a corregir o excluir a sus miembros por conductas que alteren el orden institucional. Según los fundamentos, la intervención sobre los sistemas de registro comprometió el trabajo de los taquígrafos y del personal técnico, elementos considerados indispensables para garantizar la validez formal de las deliberaciones legislativas.

Desde el bloque gobernante remarcaron que ninguna discrepancia política justifica la interrupción material de una sesión parlamentaria. En ese sentido, sostienen que la gravedad del hecho trasciende el plano discursivo y se vincula directamente con el resguardo de los mecanismos institucionales que aseguran la transparencia de los debates.

La controversia escaló luego de que la diputada Lilia Lemoine difundiera imágenes del incidente en redes sociales. En el registro audiovisual se observa el momento en que Carignano manipula los dispositivos mientras se desarrolla la discusión parlamentaria, lo que reavivó el cruce político entre oficialismo y oposición.

El proyecto de resolución también recuerda antecedentes de enfrentamientos verbales protagonizados por la legisladora, utilizados por el oficialismo como argumento adicional para sostener que existe una reiteración de conductas consideradas incompatibles con el decoro parlamentario. En paralelo, se solicita la suspensión preventiva de la diputada mientras se sustancian las actuaciones internas.

La iniciativa contempla además la posibilidad de que la Presidencia de la Cámara evalúe la presentación de una denuncia penal por la eventual comisión de delitos vinculados al orden institucional, aunque ese punto quedará sujeto al análisis jurídico correspondiente.

El trámite ahora pasará a la comisión de Asuntos Constitucionales, donde se debatirá la procedencia de la suspensión o eventual expulsión. Ese ámbito deberá determinar si se reúnen los requisitos reglamentarios y constitucionales para aplicar sanciones disciplinarias de máxima gravedad.

El caso se inscribe en un contexto de creciente tensión política en el Congreso, donde las discusiones por reformas estructurales han elevado el nivel de confrontación entre bloques. Más allá del desenlace, el episodio reabre el debate sobre los límites de la protesta parlamentaria y el equilibrio entre expresión política y preservación del funcionamiento institucional.