Tomada defendió a Quintela y rechazó las acusaciones de desestabilización

• Carlos Tomada defendió a Ricardo Quintela tras sus dichos sobre el mandato presidencial.
• El oficialismo calificó las declaraciones como desestabilizadoras.
• Tomada negó cualquier intención golpista y reivindicó la vía electoral.
• El ex ministro advirtió que un futuro gobierno peronista enfrentaría fuerte resistencia.
• Reivindicó al peronismo como defensor histórico de la democracia.
• La polémica se da en un clima de alta confrontación política.

El ex ministro de Trabajo Carlos Tomada salió al cruce de las críticas que recibió el gobernador riojano Ricardo Quintela luego de afirmar que el gobierno de Javier Milei “no puede llegar al 10 de diciembre de 2027”. Las declaraciones del mandatario provincial generaron una fuerte reacción desde el oficialismo, donde distintos referentes calificaron sus palabras como “golpistas” y desestabilizadoras.

Tomada rechazó de plano esa interpretación y sostuvo que las expresiones de Quintela deben leerse en clave política y no institucional. “Nadie está pensando en un golpe, no hay quién ni cómo, ni tampoco interesa. Queremos ganar en las urnas”, afirmó el ex funcionario, al tiempo que cuestionó lo que consideró una sobreactuación del oficialismo frente a una opinión crítica. En ese sentido, planteó que el debate debería centrarse en el diagnóstico sobre el rumbo del país y no en la descalificación de quien lo formula.

El ex ministro, que condujo la cartera laboral entre 2003 y 2015, remarcó que la discusión de fondo gira en torno al modelo económico y sus consecuencias sociales. Según su visión, el peronismo debe asumir con firmeza sus posiciones y dejar de colocarse en un lugar defensivo frente a las acusaciones. “No estemos siempre pidiendo disculpas”, enfatizó, en referencia a lo que describió como una tendencia a retroceder ante cada señalamiento.

Tomada también anticipó que un eventual regreso del peronismo al poder implicaría decisiones complejas y controversiales. En esa línea, sostuvo que cualquier medida adoptada por un nuevo gobierno sería sometida a un escrutinio extremo. “No se va a poder hacer nada sin que no seamos crucificados”, expresó, al advertir que incluso posiciones moderadas podrían ser etiquetadas de manera peyorativa en el actual clima político.

Las declaraciones del ex ministro incluyeron una crítica directa a quienes, según dijo, califican de golpistas a dirigentes opositores. Afirmó que buena parte de esos sectores tuvieron actitudes complacientes frente a interrupciones institucionales en el pasado, particularmente cuando afectaron al peronismo. Desde su perspectiva, existe una doble vara en la evaluación de los discursos políticos.

En el centro de la controversia está la frase de Quintela, quien puso en duda la capacidad del Gobierno para completar su mandato hasta diciembre de 2027. Para el oficialismo, esa afirmación supone sembrar incertidumbre sobre la estabilidad democrática. Para Tomada, en cambio, se trata de una advertencia política vinculada al impacto social del programa económico.

El ex ministro aclaró que su preocupación por el rumbo del país no implica desconocer la vigencia de la Constitución ni las reglas institucionales. “Eso no quiere decir que yo esté dispuesto a romper la Constitución Nacional”, subrayó. En ese marco, reivindicó el papel histórico del peronismo en la defensa de la democracia y sostuvo que ese movimiento fue uno de los que más sufrió las interrupciones institucionales.

Tomada también hizo referencia al contexto internacional y mencionó advertencias formuladas por el Fondo Monetario Internacional respecto de los efectos sociales de los programas de ajuste. Según su interpretación, las tensiones económicas podrían derivar en malestar social si no se revisan determinadas políticas.

La polémica se inscribe en un escenario político marcado por la confrontación discursiva y la proximidad de un nuevo ciclo electoral. Mientras el oficialismo defiende la necesidad de sostener su programa hasta consolidar los resultados, desde la oposición advierten sobre los costos sociales y productivos del modelo.

En ese marco, la discusión sobre los límites del debate político vuelve a ocupar el centro de la escena. Entre acusaciones cruzadas y advertencias sobre el futuro, la controversia refleja la profundidad de las diferencias en torno al rumbo económico e institucional del país.