Estados Unidos respalda a la Argentina ante la jueza Preska y rechaza sanciones por el caso YPF

• El gobierno de Estados Unidos se presentó ante la jueza Loretta Preska para rechazar sanciones contra la Argentina.
• El Departamento de Justicia sostuvo que declarar el desacato no se ajusta a principios de cortesía internacional ni a la ley de inmunidades soberanas.
• El litigio se origina en la expropiación de YPF y una sentencia por 16.100 millones de dólares.
• Burford Capital pidió una multa de un millón de dólares diarios y medidas que faciliten embargos.
• La Argentina afirma haber entregado más de 115.000 páginas y niega incumplimientos.
• El caso continúa en etapa de apelación mientras persiste el riesgo financiero para el país.

En un movimiento de peso institucional dentro del litigio por la expropiación de YPF, el gobierno de los Estados Unidos se presentó ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York para expresar su oposición al pedido de los fondos demandantes que buscan declarar a la Argentina en desacato y aplicar sanciones económicas. La intervención, dirigida a la jueza Loretta Preska, introduce un elemento diplomático relevante en una causa de alto impacto financiero y político.

A través de un documento de 29 páginas, el Departamento de Justicia norteamericano advirtió que los litigios contra Estados soberanos en tribunales estadounidenses pueden tener implicancias en materia de política exterior y afectar el principio de reciprocidad. En ese marco, sostuvo que el planteo de sanciones contra la Argentina no se ajusta a los criterios de cortesía internacional ni a la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA, por sus siglas en inglés), normativa que regula este tipo de controversias.

La presentación cuestiona específicamente la solicitud de los demandantes para que se apliquen sanciones de preclusión, inferencias adversas y multas coercitivas por supuesto desacato. También señala que ciertos requerimientos de “discovery” —etapa procesal destinada al intercambio de pruebas— podrían entrar en tensión con principios que rigen los litigios entre Estados, en particular cuando se trata de comunicaciones de altos funcionarios vinculadas a entidades públicas.

Desde la Procuración del Tesoro argentino interpretaron la intervención como un respaldo a la estrategia jurídica desplegada por el país. Fuentes del organismo remarcaron que, durante más de dos años, la Argentina cumplió con el proceso de discovery y entregó más de 115.000 páginas de documentación. Según esa versión, pese al volumen de información aportada, los demandantes no habrían encontrado pruebas que sostengan sus acusaciones.

El conflicto se enmarca en la causa iniciada tras la expropiación de YPF en 2012, que derivó en una sentencia por 16.100 millones de dólares contra el Estado argentino. Los beneficiarios del fallo, encabezados por el fondo británico Burford Capital, sostienen que el país incumplió órdenes judiciales vinculadas a la entrega de información, incluyendo supuestas comunicaciones “off-channel” de exfuncionarios y funcionarios actuales.

En ese contexto, los fondos solicitaron que se declare a la Argentina en “contempt of court” y se le imponga una multa de un millón de dólares diarios hasta que entregue la documentación requerida. Además, pidieron que el tribunal considere como un hecho probado que entidades como el Banco Central, el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y la propia YPF actúan como “alter ego” del Estado, lo que facilitaría eventuales embargos.

La defensa argentina rechaza de plano esas acusaciones. Argumenta que existen límites constitucionales y legales que impiden divulgar determinada información, especialmente aquella relacionada con activos que gozan de inmunidad soberana, como las reservas del Banco Central. Según la postura oficial, revelar datos sensibles podría comprometer la estabilidad financiera y la política monetaria.

El especialista en litigios internacionales Sebastián Maril analizó que la Casa Blanca ya había intervenido previamente en aspectos vinculados a la orden de entrega de acciones de YPF, aunque se mantuvo al margen de la apelación principal del fallo. Ahora, su posicionamiento frente al pedido de sanciones introduce un respaldo puntual, pero no modifica el eje central del litigio.

En paralelo, la Argentina solicitó la suspensión del discovery, petición que fue rechazada por la jueza Preska. La defensa apeló esa decisión ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, donde el expediente continúa su curso. Mientras tanto, el riesgo financiero sigue latente: además de la sentencia millonaria, una eventual multa diaria podría incrementar de manera significativa el costo del proceso.

La intervención del gobierno estadounidense no resuelve el conflicto de fondo, pero reconfigura el escenario procesal al incorporar consideraciones diplomáticas y de reciprocidad internacional. En un litigio que combina derecho comercial, inmunidad soberana y tensiones geopolíticas, cada movimiento adquiere una dimensión que excede el plano estrictamente judicial.