El Senado sancionó la Reforma Laboral

• El Senado convirtió en ley la Reforma Laboral.
• La aprobación fue por 42 votos afirmativos.
• Se eliminaron cambios polémicos en licencias médicas.
• Se crea el Fondo de Asistencia Laboral para indemnizaciones.
• Se introduce el banco de horas y nuevas reglas para huelgas.
• El oficialismo confía en que la norma impulse el empleo formal.

La Cámara alta convirtió en ley la reforma laboral impulsada por el oficialismo y cerró así el ciclo de sesiones extraordinarias con una victoria política para el presidente Javier Milei. Con 42 votos afirmativos, 28 negativos y dos abstenciones, el proyecto quedó definitivamente aprobado luego de que el Senado avalara las modificaciones introducidas días atrás por Diputados, entre ellas la eliminación del polémico artículo sobre licencias médicas.

El resultado fue posible gracias a una alianza que incluyó a La Libertad Avanza, sectores dialoguistas de la Unión Cívica Radical, el PRO, peronistas no alineados y bloques provinciales. Las abstenciones correspondieron a los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano.

La sesión, que se extendió durante más de cuatro horas, tuvo momentos de alta tensión política. Antes del inicio del debate, el senador Mariano Recalde intentó sin éxito enviar el proyecto nuevamente a comisión. La moción fue rechazada por amplia mayoría. La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, condujo la jornada, que transcurrió sin sobresaltos fuera del recinto.

El texto aprobado consolida cambios relevantes en el régimen laboral argentino. Entre los puntos centrales, se establece la prioridad de los convenios colectivos por empresa o región sobre los sectoriales y se elimina la ultraactividad automática de los acuerdos vencidos. También se introduce el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a colaborar con el pago de indemnizaciones mediante aportes obligatorios de empleadores, con porcentajes diferenciados según el tamaño de la empresa.

Uno de los aspectos más controvertidos —y finalmente eliminado— fue el artículo que reducía plazos y porcentajes de las licencias pagas por enfermedades o accidentes no vinculados al trabajo. La Cámara de Diputados suprimió esa disposición y el Senado optó por ratificar ese cambio, evitando así que el proyecto regresara a la cámara de origen.

La reforma mantiene el esquema tradicional de indemnización por despido —un mes de sueldo por año trabajado o fracción mayor a tres meses—, aunque excluye conceptos no mensuales como el aguinaldo y premios extraordinarios para el cálculo. Además, habilita el pago en cuotas de las indemnizaciones fijadas judicialmente, con límites diferenciados para grandes empresas y MiPyMEs.

En materia de jornada laboral, se crea el “banco de horas”, que permitirá compensar horas extraordinarias con descansos o jornadas reducidas, respetando topes máximos y períodos mínimos de descanso. También se habilita el fraccionamiento de vacaciones, con tramos no menores a siete días corridos.

Otro capítulo relevante es el referido a los trabajadores de plataformas digitales, donde se crea la figura del “repartidor independiente” bajo la modalidad de contrato de servicio, sin encuadrarlo como relación laboral tradicional.

La ley incorpora además un régimen de blanqueo laboral que prevé condonaciones parciales de deudas previsionales y una reducción de cargas patronales para quienes registren nuevos trabajadores. El oficialismo sostiene que estas herramientas contribuirán a reducir la informalidad y dinamizar el empleo privado.

En el tramo final del debate, el senador José Mayans cuestionó duramente la iniciativa y advirtió sobre un deterioro del poder adquisitivo de los salarios. Desde el oficialismo, en cambio, la senadora Patricia Bullrich defendió la norma como una corrección estructural a un sistema que, según afirmó, desalienta la contratación y fomenta la litigiosidad.

Bullrich sostuvo que la reforma busca desmontar “un sistema inentendible” que, a su juicio, terminó empujando a millones de trabajadores a la informalidad. También cuestionó el rol de sectores sindicales y reivindicó la necesidad de un nuevo marco que promueva la creación de empleo formal.

Entre otros puntos, la ley redefine el derecho de huelga, ampliando el listado de servicios esenciales que deberán garantizar un funcionamiento mínimo del 75%, y crea una categoría de actividades “trascendentales” con cobertura obligatoria del 50%. Asimismo, dispone que las asambleas en los lugares de trabajo requerirán autorización previa del empleador.

Con la sanción definitiva, el Gobierno consolida una de las reformas estructurales más relevantes de su agenda. La aplicación práctica y su impacto en el mercado laboral serán evaluados en los próximos meses, en un escenario donde el oficialismo apuesta a que la flexibilización normativa se traduzca en mayor formalidad y dinamismo económico.