La CGT recurre a la Justicia para frenar puntos clave de la reforma laboral
- La CGT presentó un amparo para frenar artículos de la reforma laboral impulsada por Javier Milei.
- El planteo se centra en el traspaso del fuero laboral nacional a la justicia de la Ciudad de Buenos Aires.
- La causa quedó a cargo del juez Enrique Lavié Pico en el fuero contencioso administrativo.
- El sindicalismo advierte que la medida podría cerrar juzgados y afectar miles de causas.
- El acuerdo para la transferencia fue firmado entre el Gobierno nacional y la gestión porteña de Jorge Macri.
- El Estado será representado en la causa por el procurador del Tesoro Sebastián Amerio.
La confrontación entre el Gobierno nacional y el movimiento sindical sumó un nuevo capítulo con la presentación de una acción de amparo judicial por parte de la Confederación General del Trabajo (CGT), que busca frenar la aplicación de algunos artículos de la reciente reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. El planteo judicial apunta especialmente contra el traspaso del fuero laboral nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, una medida que la central obrera considera potencialmente perjudicial para el funcionamiento del sistema judicial y para miles de trabajadores.
La demanda fue presentada este viernes y quedó radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 7, a cargo del magistrado Enrique Lavié Pico. El mismo juez ya había intervenido en otros conflictos entre el Ejecutivo y sectores sindicales cuando, a comienzos de 2024, rechazó dos amparos vinculados al decreto de desregulación económica.
La presentación lleva la firma del triunvirato que conduce la CGT y constituye el primer movimiento dentro de una estrategia judicial más amplia destinada a cuestionar aspectos centrales de la ley de reforma laboral, aprobada recientemente durante las sesiones extraordinarias del Congreso y promulgada esta semana por el Poder Ejecutivo.
El eje del planteo sindical se concentra en el artículo que habilita el traslado de la justicia laboral nacional al ámbito de la justicia porteña. Según la central obrera, esa decisión podría derivar en un colapso del sistema judicial debido al impacto que generaría sobre los tribunales y las causas en trámite. De acuerdo con los argumentos incluidos en el amparo, la medida implicaría el cierre inmediato de 30 juzgados laborales y de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, además de abrir la puerta a una eventual eliminación completa del fuero laboral nacional.
El acuerdo que dio origen a la transferencia fue firmado el 9 de febrero entre la administración nacional y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encabezado por el jefe de Gobierno Jorge Macri. El convenio contempla el traspaso de competencias judiciales en materia laboral hacia la jurisdicción porteña.
Sin embargo, la CGT sostiene que ese procedimiento se realizó sin cumplir los pasos institucionales exigidos por la normativa vigente. En particular, cuestiona que el convenio haya sido aprobado sin la intervención de la Comisión Bicameral prevista en la Ley 24.588, lo que, según la organización sindical, vulneraría el principio constitucional del juez natural.
El planteo también advierte sobre las consecuencias laborales que podría generar la transferencia en el propio sistema judicial. Miles de expedientes podrían verse afectados por el cambio de jurisdicción, mientras que empleados y funcionarios judiciales quedarían sujetos a nuevas autoridades administrativas y posibles reubicaciones dentro del ámbito de la justicia porteña.
Dentro del propio Congreso, el proceso de aprobación también generó controversias. Durante el debate legislativo, distintos sectores señalaron dudas sobre el procedimiento utilizado para avanzar con la transferencia de competencias judiciales. Entre quienes expresaron reparos se mencionó a la vicepresidenta Victoria Villarruel, que había advertido sobre la necesidad de respetar los mecanismos institucionales establecidos para este tipo de acuerdos.
La estrategia judicial de la CGT presenta diferencias con la táctica utilizada contra el decreto de necesidad y urgencia firmado por el Gobierno a fines de 2023. En aquella oportunidad, los sindicatos promovieron múltiples presentaciones judiciales en distintos juzgados, lo que derivó en la suspensión parcial del decreto por parte de la Cámara del Trabajo y posteriormente en la intervención de la Corte Suprema.
En esta nueva etapa, la central obrera optó por focalizar su primer planteo en el aspecto institucional del traspaso del fuero laboral, dejando fuera de la demanda otros puntos de la reforma que también generaron debate, como los cambios en las indemnizaciones, la extensión del período de prueba o la regulación del derecho de huelga.
La defensa del Estado en esta nueva disputa judicial estará a cargo del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, quien deberá representar la posición del Gobierno en los tribunales.
Mientras tanto, la CGT ya anticipó que esta presentación constituye apenas el primer paso de una ofensiva legal que podría ampliarse con nuevas cautelares y demandas impulsadas por distintos gremios en los tribunales laborales. La tensión entre el Ejecutivo y el sindicalismo, lejos de disiparse, parece encaminada a trasladarse ahora al terreno judicial.