Reforma jubilatoria en Santa Fe: el Gobierno pide apartar a cuatro jueces de la Corte por posible conflicto de intereses

El Gobierno de Santa Fe solicitó formalmente que cuatro ministros de la Corte Suprema provincial se aparten de las causas judiciales vinculadas a la reciente reforma jubilatoria, al considerar que existen factores que podrían afectar la imparcialidad del tribunal al momento de resolver los amparos presentados contra la norma.

El planteo del Ejecutivo surge en medio de la judicialización de distintos puntos de la reforma previsional aprobada por la Legislatura, una iniciativa que introdujo cambios en el sistema jubilatorio con el objetivo de reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones y asegurar la sostenibilidad del régimen a largo plazo.

Entre las medidas incluidas en la ley figura la fijación de un tope equivalente a 20 jubilaciones mínimas para los haberes más elevados del sistema, además de la implementación de un aporte solidario destinado a los beneficios previsionales más altos.

Tras la sanción de la normativa, varios jubilados y pensionados iniciaron acciones judiciales para frenar su aplicación. En total, 117 personas presentaron recursos para evitar que se les aplique el límite establecido por la ley. De ese grupo, 36 obtuvieron fallos favorables en instancias inferiores, lo que les permitió seguir cobrando sin el tope previsto.

Según se detalló, los beneficiarios de esas resoluciones judiciales perciben actualmente haberes que oscilan entre los 10 y los 15 millones de pesos. De los 36 casos con decisiones favorables, 33 corresponden a jubilados provenientes del Poder Judicial.

En ese contexto, la Provincia solicitó el apartamiento de cuatro integrantes de la Corte Suprema santafesina: Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco, Eduardo Spuler y Rubén Weder.

El argumento central del pedido es que estos magistrados se encuentran alcanzados —de manera directa o próxima— por el mismo régimen previsional que está siendo cuestionado en los tribunales, lo que podría generar un interés personal en el resultado de las causas.

De acuerdo con la presentación realizada por la Fiscalía de Estado, el ministro Rubén Weder ya cuenta con el beneficio jubilatorio del sistema provincial, aunque su cobro se encuentra suspendido mientras continúa en funciones. En tanto, Eduardo Spuler presentó su renuncia para acogerse a la jubilación, decisión que ya fue aceptada por el Poder Ejecutivo.

Por su parte, Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez han manifestado públicamente su intención de retirarse en el corto plazo, lo que también los ubicaría bajo el alcance del sistema previsional que se encuentra bajo análisis judicial.

El planteo del Gobierno provincial se sustenta en el principio jurídico que establece que nadie puede actuar como juez en una causa en la que tenga interés personal, uno de los pilares del debido proceso y de la garantía de imparcialidad judicial reconocida tanto en la Constitución Nacional como en tratados internacionales.

Sin embargo, la Corte Suprema de Santa Fe rechazó el pedido de recusación al considerar que la solicitud era improcedente. Tras esa decisión, el Ejecutivo provincial presentó un recurso extraordinario federal con el objetivo de que el tema sea revisado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El secretario de Seguridad Social de la provincia, Jorge Boasso, explicó que el cuestionamiento apunta a preservar la neutralidad del tribunal que deberá pronunciarse sobre los amparos contra la reforma previsional.

“Lo que está en juego es el principio de imparcialidad. Estos jueces tienen un interés directo, actual o inminente en el resultado de la causa”, sostuvo el funcionario.

Boasso señaló además que, si los magistrados que deben fallar sobre la reforma son potenciales beneficiarios del mismo sistema previsional, podrían terminar actuando como jueces en cuestiones que afectan sus propios intereses.

El funcionario también defendió los cambios impulsados por la administración provincial y aseguró que la reforma permitió evitar un deterioro mayor del sistema previsional santafesino.

Según explicó, durante 2025 el déficit de la Caja de Jubilaciones alcanzó los 311 mil millones de pesos, pero sin las modificaciones introducidas por la ley el desequilibrio habría superado los 650 mil millones.

En ese sentido, destacó que la decisión política del gobernador Maximiliano Pullaro fue sostener el sistema jubilatorio provincial en lugar de transferirlo a la órbita nacional.

Boasso remarcó además que el aporte solidario incorporado en la reforma fue pensado como una herramienta de redistribución dentro del propio sistema, ya que recae únicamente sobre quienes perciben los haberes más elevados.

Mientras tanto, el debate judicial sobre la reforma continúa abierto y se espera que en los próximos meses haya definiciones clave sobre la validez de los cambios introducidos en el régimen previsional de la provincia.