El Partido Justicialista impulsa en la Legislatura de Santa Fe la creación de un ámbito institucional para discutir salarios y condiciones laborales de las fuerzas de seguridad, luego del motín policial que se registró en febrero.
La iniciativa fue presentada por el diputado provincial Marcos Corach, dirigente cercano al exgobernador Omar Perotti. El proyecto propone la creación de la Comisión Provincial de Bienestar y Régimen Laboral de las Fuerzas de Seguridad, un espacio permanente de diálogo que funcionaría de manera similar a una paritaria, aunque sin habilitar la sindicalización de policías o penitenciarios.
La propuesta cuenta con el respaldo de distintos sectores del interbloque peronista. Entre los firmantes figuran las diputadas Celia Arena y Sonia Martorano, también cercanas a Perotti; Lucila De Ponti, del Movimiento Evita; y Miguel Rabbia, referente del espacio político del senador Marcelo Lewandowski. Según trascendió, otros legisladores podrían sumarse al proyecto en los próximos días.
Cómo funcionaría el organismo
De acuerdo con el texto presentado, la comisión sería un ámbito institucional permanente de diálogo, análisis técnico y formulación de recomendaciones sobre salarios, condiciones laborales y bienestar del personal de la Policía de la Provincia de Santa Fe y del Servicio Penitenciario Provincial de Santa Fe.
El organismo estaría integrado por 15 miembros titulares, con paridad de género y representación territorial y por escalafón. La distribución prevista es la siguiente:
Cinco representantes del Poder Ejecutivo provincial.
Cuatro policías en actividad, elegidos por voto directo, secreto y voluntario.
Dos representantes del Servicio Penitenciario, elegidos con el mismo mecanismo.
Dos representantes del personal retirado, uno por cada fuerza.
Dos integrantes del Ministerio de Trabajo de Santa Fe.
Entre los objetivos centrales figuran institucionalizar un canal formal para discutir cuestiones salariales, mejorar las condiciones laborales y de salud ocupacional, y aportar mayor previsibilidad al régimen salarial de las fuerzas.
Una paritaria con límites
El proyecto aclara que la creación de este ámbito no implicaría la sindicalización de las fuerzas de seguridad ni modificaría el régimen disciplinario, la cadena de mando o las competencias del Poder Ejecutivo.
La comisión funcionaría como un órgano consultivo permanente con autonomía funcional, encargado de emitir dictámenes y recomendaciones no vinculantes. Es decir, no reemplazaría las atribuciones del Ejecutivo en materia salarial ni en la conducción de las fuerzas.
Entre sus tareas se incluiría analizar la estructura salarial vigente, evaluar la evolución del poder adquisitivo, revisar adicionales y suplementos, estudiar jornadas laborales y disponibilidad operativa, y examinar cuestiones vinculadas a infraestructura, equipamiento y riesgos laborales.
Además, el proyecto establece que la comisión deberá convocar al menos dos veces por año a una instancia específica de análisis salarial integral para cada fuerza. De esos encuentros surgiría un “Dictamen Técnico Salarial” público con diagnóstico, evaluación del poder adquisitivo y recomendaciones.
El gobierno provincial debería pronunciarse sobre ese dictamen dentro de los 30 días hábiles, aceptando o rechazando las recomendaciones con fundamentos técnicos y presupuestarios.
Un contexto de tensión
En los fundamentos de la iniciativa, Corach sostiene que Santa Fe atraviesa “una etapa de profundas tensiones sociales, económicas e institucionales” que impactan directamente en el sistema de seguridad pública.
El legislador advierte que la falta de un canal institucional para discutir las condiciones laborales del personal policial constituye una problemática estructural que se volvió más visible en los últimos años.
Según el diputado, cuando el Estado no ofrece mecanismos formales de diálogo, los reclamos tienden a expresarse mediante vías informales que pueden generar conflictos disruptivos para la institucionalidad democrática.
Corach también señala que el personal policial trabaja bajo condiciones particulares: jornadas extensas, disponibilidad permanente, exposición cotidiana a situaciones de violencia y limitaciones en el ejercicio de derechos colectivos.
En ese marco, menciona fenómenos que considera preocupantes en la provincia, como el aumento de licencias vinculadas a problemas de salud mental, el incremento de renuncias —especialmente entre agentes jóvenes— y el desgaste operativo derivado de la presión laboral.
Para el legislador, estas situaciones no pueden interpretarse como episodios aislados, sino como señales de un deterioro estructural que requiere respuestas institucionales estables y mecanismos permanentes de diálogo.