El Gobierno pone la lupa sobre la AFA: auditoría por 180 días y tensión con Tapia

El Gobierno nacional resolvió avanzar con una intervención en grado de veeduría sobre la Asociación del Fútbol Argentino por un plazo de 180 días, en una medida que apunta a revisar en detalle la documentación contable, los contratos y los movimientos financieros de la entidad que conduce Claudio Tapia.

La decisión fue adoptada por el Ministerio de Justicia de Argentina a partir de un requerimiento previo de la Inspección General de Justicia, que venía solicitando información administrativa y balances sin obtener respuestas completas.

Para llevar adelante la tarea fueron designados como veedores el contador Rubén Miguel Pappacena y el abogado Agustín Ortiz de Marco. Ambos tendrán acceso a libros contables, registros internos, documentación respaldatoria y acuerdos comerciales firmados por la AFA.

Entre sus funciones se incluye la elaboración de un informe final sobre la situación de la entidad, aunque también podrán emitir reportes parciales si detectan irregularidades que requieran atención inmediata.

El análisis abarcará, entre otros puntos, los estados financieros cerrados al 30 de junio de 2025, el cumplimiento de obligaciones fiscales y previsionales, así como la documentación vinculada a la creación de la Universidad de la AFA (UNAFA). También estarán bajo revisión distintas relaciones comerciales con empresas y particulares, como TourProdEnter LLC, Sur Finanzas y los empresarios Javier Faroni, Erica Gillette y Ariel Vallejo.

La medida se apoya en observaciones previas de la IGJ, que cuestionó la falta de presentación de documentación correspondiente al ejercicio 2025 y a la UNAFA. Además, el organismo objetó el intento de la AFA de fijar su domicilio en la provincia de Buenos Aires, al considerar que se trató de una maniobra “ficticia” para modificar su jurisdicción.

El conflicto entre la Casa Rosada y la conducción del fútbol argentino viene en escalada. Desde la AFA rechazaron la disposición oficial, la calificaron como una “veeduría ilegítima” y anticiparon que buscarán frenarla en la Justicia, al tiempo que negaron irregularidades en la presentación de sus balances.

Aunque la medida no implica una intervención total ni altera el funcionamiento diario de la entidad, sí inaugura una etapa de auditoría formal sobre uno de los espacios más influyentes del fútbol argentino. El resultado de este proceso podría derivar en sanciones administrativas, nuevos requerimientos o una profundización de la disputa en el plano judicial.