Santa Fe acelera contra el crimen organizado: Pullaro impulsa la adhesión a la Ley Antimafia

El gobierno de Maximiliano Pullaro volvió a poner la seguridad en el centro de la escena al respaldar de manera explícita la adhesión de Santa Fe a la denominada Ley Antimafia. La iniciativa, que ya tiene media sanción en la Legislatura, busca fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar organizaciones criminales complejas con mayor coordinación y herramientas legales más robustas.

El proyecto, impulsado por la diputada Ximena Sola, obtuvo el aval de la Cámara baja y se encamina a su tratamiento en el Senado. En la antesala de ese debate, el Ejecutivo provincial salió a respaldarlo públicamente, enmarcándolo dentro de una estrategia sostenida para combatir estructuras delictivas con alto poder económico y territorial.

La norma nacional, Ley 27.786, promulgada en marzo de 2025, propone un abordaje más amplio del crimen organizado. Entre sus principales herramientas se destacan medidas especiales de investigación, la posibilidad de avanzar sobre bienes vinculados a actividades ilícitas y una mirada integral sobre las redes criminales.

Desde la Casa Gris sostienen que la adhesión permitirá mejorar la articulación entre la Justicia provincial, la federal y las fuerzas de seguridad, dejando atrás respuestas fragmentadas. El foco está puesto en delitos como narcotráfico, trata de personas, lavado de activos y extorsión, fenómenos que en los últimos años marcaron con fuerza la agenda santafesina.

El respaldo del oficialismo no es reciente. Pullaro ya había participado del debate a nivel nacional promoviendo reformas más profundas en materia penal. En la misma línea, el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, defendió en distintas instancias la necesidad de contar con herramientas más estrictas frente a las mafias.

Uno de los ejes centrales del proyecto es endurecer las penas no solo para quienes ejecutan delitos, sino también para quienes financian, organizan o sostienen estas estructuras. La lógica apunta a desarticular el entramado completo que permite el funcionamiento del crimen organizado.

Además, la iniciativa amplía las posibilidades de cooperación entre jurisdicciones y habilita técnicas de investigación más avanzadas. En un contexto donde Rosario se convirtió en uno de los focos más críticos en materia de violencia vinculada al narcotráfico, la adhesión aparece como un paso clave para consolidar una política más integral.

Por ahora, el proceso legislativo sigue en marcha: con media sanción en Diputados y el respaldo del Ejecutivo, la definición final depende del tratamiento en el Senado. De avanzar, la provincia sumará una herramienta que el oficialismo considera central en su objetivo de cambiar el enfoque frente al crimen organizado y sostener una política de seguridad a largo plazo.