Querían matar a Pullaro: el arsenal narco que encendió todas las alarmas en Santa Fe

El hallazgo de un arsenal enterrado en Roldán encendió todas las alarmas en el gobierno de Santa Fe. No se trataba de armas comunes ni de un escondite improvisado: fusiles de alto poder, ocultos en tambores, protegidos bajo tierra y listos para ser utilizados. Y detrás de ese descubrimiento, comenzó a tomar forma una hipótesis inquietante: un posible atentado contra el gobernador Maximiliano Pullaro.

La información que maneja la Casa Gris, proveniente de distintas fuentes, es contundente. El poder de fuego de esas armas —fusiles Colt 5.56 mm y versiones del AK-47— podría incluso perforar vehículos blindados. No es un dato menor. Es, en términos concretos, una señal del nivel de amenaza.

A partir de allí, el gobierno decidió reforzar la custodia del mandatario y elevar los protocolos de seguridad. Pero el problema no es solo preventivo. Es estructural.

Las sospechas apuntan a una organización que en los últimos años ganó terreno en el mapa narco de Rosario: la banda conocida como Los Menores, que hoy disputa poder territorial y opera como una estructura en expansión. Su líder, Matías Gazzani, permanece prófugo, y algunas versiones indican que podría estar refugiado en Bolivia.

El hallazgo del arsenal no fue un hecho aislado. Cuando los investigadores llegaron al terreno donde estaban enterradas las armas, se encontraron con personas que, sin saber que estaban frente a un operativo encubierto, intentaron verificar qué ocurría en el lugar. Esa reacción inesperada terminó confirmando el vínculo con la organización criminal.

A partir de allí, la Justicia avanzó con imputaciones por asociación ilícita contra dos hombres que habrían estado encargados de custodiar el armamento y gestionar negocios vinculados al grupo. El rastro conduce, sin demasiadas vueltas, a Los Menores.

Y eso, inevitablemente, genera reacción.

Cuando el Estado avanza sobre el corazón del poder narco, el narco responde. Y lo hace como sabe: con violencia, con intimidación y con mensajes que buscan generar impacto.

En paralelo, la ciudad de Rosario viene registrando una serie de ataques armados con características particulares: disparos acompañados de mensajes, vínculos entre la calle y las cárceles, y una lógica que ya no busca precisión, sino visibilidad. No es casualidad. Es parte de una dinámica donde el delito intenta marcar territorio y demostrar capacidad de daño.

En ese entramado también aparecen figuras que operan en las sombras, como un ciudadano colombiano que habría coordinado movimientos desde un departamento céntrico, con métodos propios de organizaciones criminales sofisticadas.

Pero hay un dato aún más preocupante: el origen de las armas.

Los investigadores vienen detectando un patrón que se repite: armamento que sale del circuito legal y termina en manos del crimen organizado. Testaferros que compran armas en regla, armerías que funcionan como intermediarias, redes que desvían municiones y hasta casos donde el propio sistema militar aparece comprometido.

Lo que antes era excepcional —fusiles de guerra en manos de bandas locales— empieza a volverse habitual.

Y ahí radica el verdadero problema.

Porque el arsenal de Roldán no es solo un hallazgo. Es la evidencia de que el nivel de violencia escaló, de que las organizaciones criminales se sofisticaron y de que el Estado está frente a un desafío mucho más complejo de lo que parecía.

La amenaza, en este contexto, deja de ser abstracta.

Cuando aparecen armas capaces de perforar un blindado, ya no se habla de delito común.
Se habla de poder.
Se habla de disputa.
Y, sobre todo, se habla de un mensaje.