A Dellasanta lo quisieron "apretar" para que no siga denunciando la corrupción política en Rafaela

En la política rafaelina hay un fenómeno que ya no se puede ocultar: el crecimiento sostenido de Fabricio Dellasanta en las encuestas. No se trata de sondeos aislados ni de percepciones subjetivas. Son mediciones encargadas de manera permanente por el propio Ejecutivo local —con recursos que salen del bolsillo de todos los rafaelinos— las que muestran un dato incómodo para el poder: el legislador de La Libertad Avanza está, literalmente, arrasando.

Y cuando alguien crece de esa manera en política, lo que aparece no siempre es competencia democrática. A veces, lo que emerge es el miedo.

—— “A Dellasanta no se lo quiso cobrar: se lo quiso exponer, instalar y golpear políticamente” ——

A lo largo de los últimos días, este medio recopiló información de diversas fuentes que permiten reconstruir un escenario preocupante. El llamado “apriete” político contra Dellasanta no habría sido un hecho aislado ni espontáneo. Por el contrario, se habría gestado con el visto bueno de sectores del poder local: funcionarios, abogados con peso específico y hasta dirigentes de la oposición.

No afirmamos —porque no hay elementos concluyentes— que exista connivencia del juez interviniente. Pero tampoco sería responsable descartar de plano esa hipótesis. En algún punto de la cadena, alguien tomó la decisión de que una cédula judicial llegue a un lugar donde el impacto mediático estaba garantizado.

El dato es clave: la notificación se realizó en el Concejo Municipal, en Moreno 8. Y aquí aparece el primer interrogante serio. ¿Por qué hacerlo allí cuando el domicilio real de Dellasanta es conocido y perfectamente notificable? En la práctica judicial cotidiana, existen múltiples mecanismos para reclamar una deuda sin necesidad de exponer públicamente al deudor en su lugar de trabajo.

Porque de eso se trata el fondo de la cuestión: a Dellasanta no se lo quiso cobrar. Se lo quiso mostrar.

—— "A Dellasanta se lo apretó para que no siga denunciando la corrupción política en Rafaela, para que no siga exponiendo a concejales que ganan millones y trabajan poco, para que no siga creciendo en las encuestas y no sea el próximo intendente de Rafaela"—— 

Las fuentes consultadas coinciden en un punto sensible. La maniobra habría buscado generar un efecto político antes que jurídico. Exponer, instalar sospechas, dañar la imagen. Incluso —y esto es grave— podría haberse incurrido en una figura que en el ámbito penal se conoce como fraude procesal, si se demuestra que se utilizó un artilugio para inducir a error al sistema judicial.

Pero la historia no termina ahí.

También pudimos reconstruir cómo se gestó la rápida publicación del hecho en un medio local que mantiene una importante pauta publicitaria con el gobierno municipal. La sincronización entre notificación y difusión no parece casual. En política, las casualidades suelen ser demasiado perfectas.

Hay, además, una fantasía que circula en ciertos despachos: que el caso trascienda Rafaela y termine impactando en la figura de Javier Milei. El título que algunos imaginan es tan burdo como funcional: “Concejal libertario de Milei es notificado por negarse a pagar una deuda”. El objetivo no sería otro que salpicar hacia arriba.

—— “Cuando la política usa a la justicia para disciplinar, ya no estamos ante un trámite: estamos ante un mecanismo de presión” ——

Que nadie se confunda: la intención es política.

Desde el punto de vista ético, el accionar de quien decidió notificar en el Concejo —pudiendo hacerlo en el domicilio real— es, como mínimo, cuestionable. Y aquí aparece otro silencio que hace ruido. ¿Cómo puede ser que, a esta altura, el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de Rafaela no haya intervenido de oficio?

El gabinete del intendente Leonardo Viotti cuenta con profesionales influyentes dentro de la gremial. Si no hay una actuación clara y rápida, las dudas —inevitablemente— se van a multiplicar.

Lo que ocurrió con Dellasanta no puede naturalizarse. No es un expediente más. No es una discusión jurídica. Es otra cosa.

Porque Dellasanta podrá tener un juicio en su contra —uno que data de 2014, cuando ni siquiera formaba parte de la política—, y eso no lo convierte ni en mejor ni en peor persona. Lo verdaderamente grave son las formas.

Formas que, según todo indica, buscaron el impacto, la exposición y el daño.

Formas que se parecen demasiado a un apriete.

Y en democracia, los aprietes no son un detalle menor. Son una señal de alarma.