Avanza en el Congreso un proyecto para prohibir celulares en cárceles tras casos de extorsión

• El Congreso debate prohibir el uso de celulares en cárceles de todo el país
• El proyecto busca modificar la ley penitenciaria e incluir sanciones más duras
• El aumento de extorsiones y delitos digitales impulsó la iniciativa
• Un caso reciente evidenció redes criminales que operan desde penales
• Se prevén excepciones solo para usos educativos y bajo control oficial
• La discusión reabre el debate sobre seguridad y régimen penitenciario

En un contexto de creciente preocupación por delitos cometidos desde el interior de los penales, el Congreso de la Nación comenzó a debatir un proyecto que propone la prohibición total del uso de teléfonos celulares en cárceles de todo el país. La iniciativa, impulsada por la diputada nacional Silvana Giudici, busca modificar la Ley 24.660 para establecer de manera explícita esta restricción, en respuesta al aumento de extorsiones digitales y operaciones delictivas organizadas desde ámbitos de detención.

El debate cobra especial relevancia tras una serie de episodios que expusieron la magnitud del problema, entre ellos un caso de extorsión que derivó en la muerte de un joven integrante del Ejército Argentino. Ese hecho, que involucró a una red criminal que operaba desde penales bonaerenses, funcionó como un punto de inflexión para acelerar la discusión legislativa.

El proyecto cuenta con el respaldo de más de medio centenar de diputados y plantea una reforma concreta al régimen penitenciario. A través de la incorporación de un nuevo artículo, se propone prohibir la tenencia, uso, comercialización o ingreso de dispositivos móviles y cualquier tecnología que permita la comunicación o el acceso a redes. La medida abarca no solo teléfonos celulares, sino también tarjetas SIM, módems y otros equipos inalámbricos.

La iniciativa contempla una única excepción: el uso de equipamiento informático autorizado por las autoridades penitenciarias, exclusivamente para actividades educativas, laborales o de reinserción social, bajo estrictas condiciones de control. Al mismo tiempo, incorpora nuevas faltas graves dentro del sistema disciplinario para quienes incumplan estas disposiciones, con el objetivo de reforzar los mecanismos de control dentro de las unidades.

Desde el oficialismo sostienen que la propuesta apunta a cerrar una brecha que, en los últimos años, facilitó la expansión de delitos complejos. Según argumentan, decisiones adoptadas durante la pandemia, cuando se habilitó el uso de celulares ante la suspensión de visitas, alteraron el equilibrio del sistema penitenciario y permitieron que organizaciones criminales consolidaran su operatoria desde el encierro.

El diagnóstico que acompaña el proyecto señala un crecimiento sostenido de estafas telefónicas, amenazas, extorsiones y maniobras vinculadas al crimen organizado, muchas de ellas coordinadas desde cárceles. En algunos casos, incluso, se detectó la continuidad de actividades delictivas de bandas vinculadas al narcotráfico, que mantienen capacidad operativa pese a la detención de sus integrantes.

El caso que impulsó con mayor fuerza la iniciativa expuso un esquema sofisticado de engaño. A partir de perfiles falsos en aplicaciones de citas, los delincuentes establecían contacto con víctimas a quienes luego sometían a extorsiones mediante amenazas judiciales ficticias. La maniobra incluía la suplantación de identidades de funcionarios y el uso de audios intimidatorios diseñados para generar temor inmediato.

Las investigaciones judiciales permitieron reconstruir el funcionamiento de estas organizaciones, que utilizaban celulares ingresados de manera ilegal en los penales para coordinar sus acciones. El dinero obtenido a través de las estafas era canalizado mediante cuentas bancarias a nombre de terceros, dificultando su rastreo y consolidando una estructura delictiva compleja.

A partir de peritajes digitales, análisis financieros e intervenciones simultáneas en unidades penitenciarias y domicilios particulares, se logró establecer que el núcleo de estas redes operaba desde cárceles de la provincia de Buenos Aires. Este dato reforzó la idea de que el problema no es aislado, sino estructural.

En este escenario, el proyecto busca dar una respuesta legislativa que otorgue mayor claridad normativa y herramientas de control. Sus impulsores consideran que la prohibición expresa del uso de celulares constituye un paso necesario para limitar la capacidad operativa de las organizaciones delictivas dentro de los penales.

El debate recién comienza, pero ya anticipa una discusión de fondo sobre los alcances del régimen penitenciario y el equilibrio entre derechos de las personas privadas de libertad y la seguridad pública. En ese marco, la iniciativa se presenta como un intento de redefinir los límites en un sistema que enfrenta nuevos desafíos en la era digital.