El Gobierno impulsa una reforma penal focalizada con nuevas figuras delictivas y penas más severas

• El Gobierno impulsa un paquete legislativo para recuperar iniciativa
• Se posterga la reforma integral del Código Penal
• Se avanzará con un proyecto acotado como primera etapa
• La iniciativa incorpora un enfoque “pro-víctima” en el sistema judicial
• Se endurecen penas para delitos migratorios, económicos y urbanos
• También se refuerza la protección de menores y sectores vulnerables

Con el objetivo de recuperar protagonismo político y retomar la iniciativa parlamentaria, el Gobierno se dispone a impulsar en los próximos días un conjunto de proyectos en el Congreso que marcarán el pulso legislativo del trimestre. La estrategia contempla avanzar de manera gradual en distintas reformas, con especial énfasis en un paquete inicial de modificaciones al Código Penal, aunque dejando de lado, por el momento, la ambiciosa reforma integral que había sido anunciada meses atrás.

A diferencia de lo proyectado a comienzos de año, la administración libertaria optó por postergar el tratamiento del texto completo del nuevo Código Penal, una iniciativa de gran envergadura que incluía más de 900 artículos y que había sido elaborada durante más de un año por un equipo técnico coordinado por el juez Mariano Borinsky. El cambio de rumbo se explica, en buena medida, por la llegada de nuevas autoridades en el área de Justicia, donde el actual responsable, Juan Bautista Mahiques, busca introducir modificaciones y una impronta propia al proyecto original.

Desde el entorno del funcionario señalan que ese proceso de revisión demandará tiempo, por lo que se resolvió avanzar con una versión más acotada que permita introducir cambios considerados urgentes sin demorar su implementación. La iniciativa, definida como una primera etapa de la reforma penal, incluirá nuevas figuras delictivas, modificaciones en escalas de penas y un enfoque orientado a reforzar la protección de las víctimas.

Uno de los ejes centrales del proyecto será la incorporación de un criterio interpretativo denominado “pro-víctima”, que apunta a fortalecer el rol de quienes sufren delitos dentro del proceso judicial. La propuesta establece su participación obligatoria en decisiones clave, como la suspensión del juicio a prueba, y busca equilibrar un sistema que, según el diagnóstico oficial, ha priorizado históricamente las garantías del imputado por sobre los derechos de las víctimas.

En paralelo, el texto contempla una actualización significativa en materia de delitos migratorios. Se prevé la incorporación al Código Penal de figuras ya existentes en la legislación específica, como el tráfico ilegal y el fraude migratorio, junto con nuevas tipificaciones que sancionan el ingreso y la permanencia irregular en el país. Las penas propuestas abarcan un amplio rango y se agravan en casos que involucren violencia o aprovechamiento de situaciones de vulnerabilidad.

El capítulo económico también ocupa un lugar destacado, con la intención de endurecer las sanciones contra las estafas financieras, en particular aquellas estructuradas bajo esquemas piramidales. El proyecto introduce una figura específica para este tipo de delitos y eleva las penas, con agravantes cuando se produzcan pérdidas significativas para las víctimas.

En cuanto a los delitos contra la propiedad, la iniciativa incorpora modalidades delictivas que en los últimos años se volvieron frecuentes en el ámbito urbano. Entre ellas, se tipifican prácticas como las denominadas “viudas negras”, las “entraderas” y “salideras”, así como los robos cometidos por motociclistas. Cada una de estas conductas contará con encuadres penales específicos y escalas de sanción más severas.

La reforma también abarca el ámbito penitenciario, donde se propone penalizar de manera explícita la tenencia de armas dentro de establecimientos carcelarios, incluyendo agravantes para casos en los que exista participación de personal penitenciario. Asimismo, se amplía el catálogo de conductas sancionables en ese contexto.

Otro de los puntos relevantes está vinculado a la seguridad vial, con un endurecimiento de las penas para quienes participen en carreras ilegales. El proyecto incrementa tanto las sanciones penales como las inhabilitaciones para conducir, especialmente en casos que deriven en lesiones o muertes.

La protección de sectores vulnerables también ocupa un lugar central. Se prevén aumentos en las penas para delitos vinculados al abuso infantil y al grooming, así como sanciones más severas para la producción, tenencia y distribución de material sexual que involucre a menores. En paralelo, se incorporan disposiciones específicas en materia de maltrato animal y se establecen penas más duras para el incumplimiento de obligaciones familiares.

De este modo, el Gobierno busca avanzar con una agenda penal segmentada, priorizando reformas puntuales que puedan ser aprobadas en el corto plazo, mientras se reserva la discusión integral del Código Penal para una etapa posterior.