Universidades vuelven a la calle: clases públicas frente a Tribunales para exigir que Milei cumpla la ley

Docentes, estudiantes y autoridades universitarias protagonizarán este martes una nueva jornada de protesta frente al Palacio de Tribunales, en reclamo por la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso y aún sin aplicación efectiva por parte del Gobierno nacional.

La convocatoria se desarrollará entre las 11 y las 17 bajo la consigna “Señores jueces, que Milei cumpla la ley”, en continuidad con la masiva movilización universitaria realizada semanas atrás en defensa de la educación pública.

Durante la jornada, profesores de distintas facultades brindarán clases abiertas con el objetivo de visibilizar el impacto del ajuste presupuestario sobre el sistema universitario. Desde la organización sostienen que los recortes afectan salarios docentes, becas estudiantiles, proyectos de investigación y el funcionamiento cotidiano de las casas de estudio.

Los sectores convocantes reclamaron una “respuesta urgente” ante la situación que atraviesan las universidades nacionales y apuntaron directamente contra la gestión de Javier Milei por no aplicar la Ley de Financiamiento Universitario N.º 27.795.

A partir de las 15 se prevé la participación de referentes políticos, sindicales y académicos, entre ellos la abogada laboralista y docente universitaria Natalia Salvo; los diputados nacionales Lucía Cámpora y Itaí Hagman; además del antropólogo y secretario general de FEDUBA, Pablo Perazzi.

Desde el Gobierno nacional argumentan que la normativa sancionada por el Congreso no establece de manera precisa las fuentes de financiamiento necesarias para cubrir gastos operativos y aumentos salariales, motivo por el cual sostienen que su aplicación pondría en riesgo el objetivo de equilibrio fiscal impulsado por el Ejecutivo.

En ese contexto, la administración libertaria decidió suspender la implementación de la ley mediante decretos y apeló fallos judiciales que habían ordenado avanzar con su cumplimiento.

Por su parte, el Consejo Interuniversitario Nacional mantiene activa la vía judicial y elevó un documento ante la Corte Suprema de Justicia para exigir que el Estado nacional garantice los fondos previstos en la legislación aprobada por el Parlamento.

La causa ya se encuentra en condiciones de recibir una definición judicial, mientras crece la presión del sistema universitario para que el máximo tribunal intervenga en el conflicto.