La Justicia avaló la licitación de la Hidrovía y rechazó el pedido de frenar el proceso

La Justicia Federal de Santa Fe desestimó una acción de amparo colectivo impulsada por organizaciones ambientalistas y referentes sociales que buscaban detener el proceso licitatorio de la Hidrovía Paraguay-Paraná. Con esta decisión, el Gobierno nacional obtuvo un importante respaldo judicial para continuar adelante con uno de los proyectos estratégicos vinculados al comercio exterior argentino.

La resolución fue firmada el 5 de junio por el juez federal Gastón Salmain, quien concluyó que no existían elementos suficientes para demostrar una conducta arbitraria o ilegal por parte del Estado nacional en el desarrollo del proceso administrativo cuestionado.

Los demandantes pretendían que la Justicia ordenara la realización de una Evaluación de Impacto Ambiental Estratégica y Acumulativa sobre toda la cuenca del río Paraná antes de avanzar con cualquier concesión vinculada a la Vía Navegable Troncal. Además, habían solicitado la suspensión del Decreto 709/2024 y la declaración de inconstitucionalidad del DNU 699/2024.

En su fallo, el magistrado sostuvo que el mecanismo del amparo exige la existencia de una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta, condición que, según evaluó, no quedó acreditada durante el proceso.

"La arbitrariedad o ilegalidad exigida por la Constitución debe ser evidente y claramente demostrable", argumentó el juez, al tiempo que señaló que las diferencias de criterio técnico, las discusiones científicas o las objeciones políticas no resultan suficientes para justificar una intervención judicial de estas características.

El DNU cuestionado por los demandantes declaró como servicio público una serie de actividades vinculadas al funcionamiento de la hidrovía, entre ellas el dragado, redragado, señalización, balizamiento y control hidrológico, consideradas fundamentales para garantizar la navegación comercial.

La causa había sido promovida por distintos sectores que alertaban sobre los posibles impactos ambientales derivados de futuras obras y reclamaban una evaluación integral que contemplara los efectos acumulativos sobre el ecosistema de toda la cuenca del Paraná. Desde esa perspectiva, sostenían que avanzar con la licitación sin ese estudio previo podría generar riesgos ambientales de gran escala.

Sin embargo, el tribunal entendió que los argumentos presentados no alcanzaban para paralizar un procedimiento administrativo que se encuentra bajo la órbita del Poder Ejecutivo y que cuenta con mecanismos específicos de control y evaluación.

La decisión judicial representa un paso importante para la continuidad del proceso licitatorio impulsado por la Nación sobre la principal vía de salida de las exportaciones argentinas. La Hidrovía Paraguay-Paraná concentra gran parte del transporte de granos, derivados agroindustriales y otros productos que se comercializan hacia distintos mercados internacionales.

Aunque el fallo constituye un revés para las organizaciones que promovieron el amparo, el debate sobre el equilibrio entre desarrollo económico, infraestructura y protección ambiental continúa abierto. La discusión sobre el futuro de la hidrovía sigue siendo uno de los temas centrales para las provincias ribereñas, los sectores productivos y los especialistas en materia ambiental.

Por el momento, la resolución judicial despeja uno de los principales obstáculos que enfrentaba el proceso licitatorio y fortalece la posición del Gobierno nacional en la continuidad de una obra considerada estratégica para la logística y el comercio exterior del país.