Patrimonio bajo la lupa: la Justicia avanza sobre Adorni y analiza una posible indagatoria

La situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, suma nuevos capítulos y podría ingresar en una etapa decisiva en las próximas semanas. En los tribunales federales avanza una investigación destinada a determinar si existe una diferencia entre los ingresos declarados por el funcionario y el patrimonio que figura a su nombre.

El fiscal federal Gerardo Pollicita trabaja en un requerimiento formal mediante el cual buscará que Adorni brinde explicaciones detalladas sobre el origen de determinados bienes y movimientos financieros que se encuentran bajo análisis. La medida es considerada un paso previo a una eventual citación a declaración indagatoria, aunque la decisión final dependerá de la evolución de las pruebas reunidas en el expediente.

Para precisar el alcance de las inconsistencias detectadas, la fiscalía aguarda los resultados de un informe contable elaborado por especialistas de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), organismo técnico que asiste a los fiscales en causas complejas. Ese estudio será clave para establecer si existe un desfasaje patrimonial y cuál sería su magnitud.

En paralelo, los investigadores profundizan el examen de operaciones vinculadas a activos digitales y movimientos realizados con criptomonedas. El análisis busca reconstruir el recorrido de los fondos y determinar si existen transacciones que requieran una explicación adicional por parte del funcionario. Según trascendió, el informe técnico definitivo podría estar concluido dentro de aproximadamente tres meses.

Uno de los aspectos que también genera atención es la demora en la presentación de la declaración jurada patrimonial más reciente. Aunque desde el entorno gubernamental se había anticipado que el documento sería difundido en breve, hasta el momento no fue incorporado públicamente al expediente.

Cuando sea formalmente notificado, Adorni deberá justificar el origen de los recursos utilizados para adquirir los bienes observados por la investigación. En caso de que la documentación y las explicaciones resulten satisfactorias, el fiscal podría considerar cerrado el caso. De lo contrario, quedaría abierta la posibilidad de avanzar hacia una declaración indagatoria.

Además de esta causa, el funcionario enfrenta otra investigación judicial que tramita en un juzgado federal. Allí se analizan contratos celebrados entre la TV Pública y una productora privada vinculada a un empresario de su círculo cercano. El expediente busca determinar si existieron irregularidades en esas contrataciones o posibles incompatibilidades con el ejercicio de la función pública.

Dentro de esa pesquisa, los investigadores también revisan movimientos financieros previos al desembarco de Adorni en el Gobierno. La Justicia ordenó distintas medidas de prueba, entre ellas el análisis de comunicaciones telefónicas y registros de ubicación, con el objetivo de reconstruir vínculos y eventuales contactos entre los protagonistas de la causa.

Fuentes judiciales señalan que las próximas semanas serán determinantes para definir el rumbo de ambos expedientes. En Comodoro Py no descartan que alguna de las investigaciones avance hacia una instancia procesal más compleja antes del comienzo de la feria judicial de invierno, prevista para la segunda mitad de julio.

Mientras tanto, el jefe de Gabinete continúa desempeñando sus funciones en medio de un escenario que combina tensión política y creciente presión judicial, a la espera de que los informes técnicos terminen de delinear el futuro de las causas que lo tienen como protagonista.