Reforma judicial en Santa Fe: jueces cuestionan el proyecto oficial y piden abrir una mesa de diálogo urgente

El debate por la reforma del sistema penal santafesino sumó un nuevo capítulo luego de que el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial expresara fuertes reparos al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo provincial. La iniciativa, que ya se encuentra en tratamiento legislativo, busca modificar la estructura de funcionamiento de los jueces penales y reorganizar diversos aspectos del sistema acusatorio vigente.

A través de una extensa presentación dirigida a la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, la entidad reclamó la convocatoria urgente a una instancia de diálogo institucional que reúna a representantes de los tres poderes del Estado, además del Ministerio Público de la Acusación, el Ministerio Público de la Defensa, colegios profesionales y operadores judiciales.

Según los magistrados, antes de avanzar con cualquier reforma resulta indispensable realizar un análisis profundo basado en estadísticas confiables y diagnósticos objetivos que permitan determinar cuáles son las falencias reales del sistema actual.

Qué propone la reforma

El proyecto impulsado por el Gobierno provincial plantea la creación de Colegios de Jueces Penales integrados por todos los magistrados con competencia en la materia, independientemente de su ubicación territorial. La intención oficial es optimizar recursos, equilibrar la carga de trabajo y agilizar la administración de causas mediante mecanismos de asignación considerados más eficientes y transparentes.

Además, la iniciativa fortalece el rol de la Oficina de Gestión Judicial, que asumiría funciones clave en la organización administrativa de los procesos, separando las tareas de gestión de las estrictamente jurisdiccionales.

Entre otros puntos, también propone un sistema más flexible para la integración de tribunales de revisión, una estructura específica para la ejecución penal y la supervisión carcelaria, y modificaciones destinadas a garantizar mayor uniformidad en la interpretación de las normas.

Los cuestionamientos de los magistrados

Aunque reconocen los objetivos generales planteados por el Ejecutivo, desde el Colegio de Magistrados consideran que la propuesta carece de fundamentos técnicos suficientes.

En la presentación sostienen que el mensaje oficial no se apoya en estadísticas verificables ni en estudios que demuestren de manera concreta las supuestas deficiencias del esquema vigente. También cuestionan que la reforma haya sido elaborada sin consultar previamente a quienes trabajan diariamente dentro del sistema judicial.

Entre las principales observaciones figura la intención de centralizar la Oficina de Gestión Judicial para toda la provincia y la unificación de los Colegios de Jueces, medidas que, según entienden, podrían generar dificultades operativas y afectar la organización actual.

Los magistrados también expresaron objeciones respecto de la figura del juez coordinador y propusieron mantener la división territorial existente, permitiendo únicamente intervenciones excepcionales de jueces de otras circunscripciones bajo regulación de la Corte Suprema provincial.

Críticas también desde las cámaras penales

Las observaciones no se limitan al Colegio de Magistrados. Las cinco cámaras penales de la provincia remitieron informes a la Corte Suprema de Justicia en los que predominan las objeciones al proyecto.

En varios de esos documentos incluso se plantean posibles cuestionamientos de constitucionalidad sobre algunos artículos de la iniciativa.

Los camaristas destacan que la estructura actual logró absorber en los últimos años importantes desafíos sin incorporar nuevos recursos humanos, entre ellos la implementación del juicio por jurados, las competencias derivadas del fuero penal juvenil, la aplicación del nuevo Código Contravencional y las tareas vinculadas a la ley de microtráfico.

Cambio en la Fiscalía Regional del norte santafesino

En paralelo, el Ministerio Público de la Acusación dispuso una modificación en la conducción de la Fiscalía Regional de la Cuarta Circunscripción.

La fiscal general María Cecilia Vranicich designó de manera interina a Georgina Díaz para ocupar el cargo que deja Rubén Martínez, quien iniciará su proceso jubilatorio a fines de junio.

Díaz forma parte del organismo desde los primeros años de implementación del sistema acusatorio y fue nombrada fiscal adjunta titular tras superar un concurso público de antecedentes y oposición. Su designación regirá hasta que se realice el correspondiente concurso para cubrir el puesto de forma definitiva.

Mientras tanto, la discusión sobre la reforma judicial promete intensificarse en las próximas semanas, especialmente ante la proximidad del tratamiento legislativo previsto para mediados de mes y la creciente resistencia expresada por distintos sectores del Poder Judicial.