Santa Fe exhibe resultados contra el microtráfico y refuerza los controles sobre la ley de desfederalización

La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó el primer informe de evaluación sobre la implementación de la ley de desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes y, al mismo tiempo, avanzó en una modificación normativa que establece la obligatoriedad de presentar balances periódicos cada dos años sobre los resultados de la política pública.

La iniciativa fue respaldada por una amplia mayoría y ahora deberá ser analizada por el Senado provincial. El proyecto fue impulsado por el diputado radical José Corral, quien defendió en el recinto la continuidad de una herramienta que, según sostuvo, permitió fortalecer la lucha contra el microtráfico y contribuir a la reducción de los niveles de violencia en distintos puntos de la provincia.

La ley fue una de las primeras medidas impulsadas por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro tras asumir en diciembre de 2023. Su objetivo fue transferir a la Justicia provincial la investigación y persecución de delitos vinculados al narcomenudeo, una competencia que hasta entonces estaba concentrada en el ámbito federal.

Durante el debate legislativo, Corral destacó algunos de los principales resultados obtenidos en los primeros dos años de aplicación de la norma. Entre ellos mencionó centenares de condenas por microtráfico, el derribo de más de un centenar de puntos de venta de drogas y miles de procedimientos realizados por las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público de la Acusación.

Además de aprobar el informe, los legisladores decidieron modificar la legislación vigente para convertir en obligatoria la presentación de evaluaciones bianuales. La reforma establece que tanto el Ministerio de Justicia y Seguridad como el Ministerio Público de la Acusación deberán remitir periódicamente a la Legislatura un informe integral con indicadores precisos sobre la implementación de la ley.

Entre los aspectos que deberán incluirse figuran los resultados obtenidos en la investigación del microtráfico, el impacto territorial de las intervenciones realizadas y el diagnóstico sobre las capacidades institucionales disponibles para enfrentar este tipo de delitos.

Según los datos presentados en el informe oficial, durante los primeros dos años de vigencia de la norma se registraron más de 18.000 denuncias ciudadanas relacionadas con puntos de venta de drogas, casi 25.000 actuaciones judiciales y más de 2.600 allanamientos en distintos puntos de la provincia. También se informó el secuestro de cientos de armas de fuego, la demolición de numerosos búnkeres utilizados para la comercialización de estupefacientes y cientos de condenas vinculadas a esta actividad.

Los documentos oficiales destacan además que la política de persecución del microtráfico estuvo acompañada por la creación de nuevas estructuras especializadas dentro del Ministerio Público de la Acusación y del Ministerio de Justicia y Seguridad. Entre ellas se encuentran unidades fiscales específicas, áreas de inteligencia criminal y equipos policiales dedicados exclusivamente a este tipo de investigaciones.

Uno de los argumentos centrales del oficialismo es que la estrategia contribuyó a reducir la violencia asociada a las economías ilegales. El informe señala que los homicidios dolosos registraron una importante disminución en los últimos años y sostiene que existe una relación directa entre la intervención sobre los puntos de venta de drogas y la reducción de los conflictos armados en determinados territorios.

La implementación de la ley también implicó una fuerte inversión pública. De acuerdo con los datos oficiales, los recursos destinados a tareas de investigación, equipamiento, infraestructura y fortalecimiento operativo superaron los cientos de miles de millones de pesos durante los años 2024 y 2025.

Por otra parte, la Cámara de Diputados aprobó un pedido de informes vinculado a las acciones preventivas frente al fenómeno climático de El Niño. La iniciativa solicita detalles sobre los planes de contingencia, protocolos de actuación y estrategias de coordinación previstas entre la Provincia y los gobiernos locales ante posibles eventos climáticos adversos durante 2026.

Con la aprobación del informe y la reforma legal en marcha, el oficialismo busca consolidar una de las políticas de seguridad que considera centrales en su gestión, al tiempo que incorpora mecanismos permanentes de control y evaluación para medir su impacto en el territorio santafesino.