POLÍTICA Jorge Levin

A Pullaro le salió un Gutiérrez en el zapato

En política, el poder suele generar una peligrosa sensación de invencibilidad. Cuando un dirigente acumula respaldo popular, mayoría legislativa y una oposición fragmentada, corre el riesgo de creer que todo puede ordenarse desde un despacho. Que las instituciones deben acomodarse a sus tiempos y que los demás actores simplemente tienen que obedecer.

Algo de eso parece estar ocurriendo en Santa Fe.

El gobernador Maximiliano Pullaro ha logrado construir un poder político pocas veces visto en la provincia. Controla la agenda pública, tiene una fuerte influencia sobre la Legislatura y ha avanzado decididamente en la renovación de distintos organismos del Estado. Sin embargo, hay un terreno donde la resistencia todavía existe: el Poder Judicial.

Y el rostro visible de esa resistencia es Rafael Gutiérrez.

El presidente de la Corte Suprema santafesina volvió a dejar en claro que no está dispuesto a aceptar imposiciones. Cuando afirmó que se irá "cuando quiera", no solo estaba hablando de su continuidad personal. Estaba marcando un límite político a un gobierno que hace tiempo parece haber decidido quiénes deben quedarse y quiénes deben irse de la Justicia provincial.

La situación es tan particular como inédita. El oficialismo ya avanzó con nombres para reemplazar a ministros de la Corte cuando ni siquiera existen vacantes formales. Es decir, primero aparecieron los sucesores y después las posibles renuncias.

No parece la mejor señal institucional.

Es cierto que la nueva Constitución establece límites de edad para los integrantes del máximo tribunal y que Gutiérrez ya los ha superado. Pero también es cierto que detrás de esta discusión hay algo mucho más profundo que una simple cuestión administrativa.

Lo que está en juego es quién tendrá el control político e institucional de la Justicia santafesina durante los próximos años.

Los cortocircuitos entre el Ejecutivo y el Poder Judicial vienen acumulándose desde hace tiempo. Magistrados y funcionarios observan con preocupación lo que consideran un avance permanente de la política sobre espacios que deberían conservar autonomía. El malestar existe y es mucho más amplio de lo que públicamente se admite.

La tensión alcanzó uno de sus puntos más altos cuando el gobierno intentó apartar a ministros de la Corte que debían intervenir en causas vinculadas a la cuestionada reforma previsional impulsada por la administración provincial. La respuesta fue demoledora: un fallo unánime rechazó las pretensiones oficiales y dejó expuesto que ni siquiera los jueces considerados cercanos al gobierno acompañaron esa estrategia.

Ese episodio dejó heridas que todavía no cicatrizaron.

Ahora la disputa se trasladó a otros ámbitos sensibles del Poder Judicial, particularmente aquellos vinculados al manejo administrativo y presupuestario de una estructura que administra cientos de miles de millones de pesos al año. Allí también aparecen sospechas, desconfianzas y una lucha silenciosa por espacios de influencia.

Pullaro busca consolidar su proyecto de transformación institucional. Nadie puede cuestionarle legitimidad para impulsar cambios. Ganó las elecciones y tiene respaldo político para hacerlo.

El problema aparece cuando la voluntad de transformar se convierte en la tentación de controlar.

Porque en una República los poderes no están diseñados para obedecerse entre sí. Están diseñados para limitarse mutuamente.

Gutiérrez probablemente transite sus últimos meses en la Corte. Su poder ya no es el que supo tener cuando contaba con aliados decisivos en el Senado provincial. Los tiempos cambiaron y hoy el gobernador tiene una fortaleza política muy superior.

Pero sería un error subestimarlo.

Después de más de cinco décadas dentro del Poder Judicial, conoce como pocos los tiempos de la política y sabe exactamente dónde tocar para generar incomodidad.

Por eso cada declaración suya provoca reacciones inmediatas.

Porque más allá de que finalmente se retire o no en noviembre, lo que está planteando es una discusión de fondo: hasta dónde puede avanzar un gobernador sobre otro poder del Estado.

Pullaro parece decidido a completar la renovación judicial que imaginó desde el primer día de gestión.

Gutiérrez, mientras tanto, demuestra que todavía conserva algo que en política nunca debe despreciarse: capacidad para dar pelea.

Y cuando un dirigente acostumbrado a ganar todas las batallas encuentra a alguien dispuesto a resistir, los conflictos suelen volverse mucho más interesantes.