Amenazas de bomba en escuelas: sólo seis responsables pagaron los costos de los operativos de seguridad
Las amenazas de atentados contra establecimientos educativos registradas en Santa Fe durante los meses de abril y mayo generaron un importante despliegue policial y un elevado costo para el Estado. Sin embargo, pese a las sanciones aplicadas, sólo una pequeña parte de los responsables abonó los gastos ocasionados por los operativos.
La medida fue implementada por el Ministerio de Seguridad luego del ataque ocurrido el 30 de marzo en una escuela de San Cristóbal, donde un adolescente asesinó a otro estudiante. Tras ese hecho, se multiplicaron las falsas amenazas en instituciones educativas de distintos puntos de la provincia, lo que motivó la decisión oficial de identificar a los autores y trasladarles el costo de cada intervención.
En total fueron notificadas 53 personas para afrontar los gastos generados por los procedimientos de seguridad. Según las estimaciones oficiales, el monto reclamado asciende a $139.429.864, aunque hasta el momento sólo seis sanciones fueron abonadas, por un total de $9.824.430, equivalente a apenas el 7,2% de la cifra reclamada.
Las mayores cantidades de notificaciones se registraron en la Unidad Regional XVII de San Lorenzo, con diez casos; seguida por la Unidad Regional II de Rosario, con siete; y las regionales de La Capital y Las Colonias, con seis cada una. También hubo actuaciones en los departamentos Caseros, Constitución, San Martín, Garay, Iriondo, General Obligado y San Javier.
En cuanto a los pagos efectuados, Rosario registró una única cancelación por más de $2,8 millones. En San Lorenzo se abonaron tres sanciones de $805.443 cada una, mientras que en la ciudad de Santa Fe se concretó un pago superior al millón de pesos. El monto más elevado fue registrado en el departamento Iriondo, donde se canceló una deuda de $3.560.307.
Desde el Gobierno provincial señalaron que quienes no regularicen el pago enfrentarán acciones judiciales impulsadas por la Fiscalía de Estado. El proceso podrá derivar en medidas como embargos de salarios, inhibiciones de bienes y otras acciones patrimoniales para recuperar el dinero invertido en los operativos de seguridad desplegados ante cada amenaza.