Giuliano cuestionó el nuevo esquema de subsidios al transporte y advirtió por su impacto en los sectores más vulnerables

• Giuliano cuestionó el nuevo esquema de subsidios establecido para la Tarifa Social de la SUBE.
• El diputado recordó que anteriormente había sido eliminado el Fondo Compensador del Transporte para las provincias.
• El nuevo sistema fija un valor de referencia para calcular el aporte nacional a los beneficios sociales.
• Los futuros aumentos tarifarios podrán ser absorbidos por provincias y municipios o trasladados a los usuarios.
• Jubilados, beneficiarios de programas sociales, personal de casas particulares y ex combatientes de Malvinas figuran entre los sectores alcanzados.
• El debate por el financiamiento del transporte público volvió a instalar diferencias entre el Gobierno nacional y la oposición.

El diputado nacional por Santa Fe, Diego Giuliano, criticó la decisión del Gobierno nacional de modificar el esquema de subsidios al transporte público y fijar un límite al financiamiento destinado a la Tarifa Social del sistema SUBE. El legislador de Unión por la Patria sostuvo que la medida afectará principalmente a jubilados, beneficiarios de programas sociales, personal de casas particulares y otros usuarios que actualmente acceden a descuentos en el valor del boleto.

Los cambios fueron formalizados mediante la Resolución 40/2026, que establece un nuevo mecanismo para calcular el aporte estatal destinado a los beneficios sociales del transporte. A partir de esta disposición, el subsidio nacional tendrá un monto de referencia determinado, lo que implica que los futuros incrementos tarifarios ya no serán absorbidos íntegramente por el Estado nacional.

Frente a esta decisión, Giuliano expresó su rechazo y sostuvo que el nuevo esquema representa un nuevo paso en la reducción de la asistencia nacional al sistema de transporte público. A través de sus redes sociales, recordó que anteriormente el Gobierno había eliminado el Fondo Compensador del Transporte destinado a las provincias, una herramienta que contribuía a financiar parte del costo operativo del servicio en distintas jurisdicciones del país.

Según el diputado, aquella decisión derivó en fuertes aumentos de las tarifas del transporte urbano y provocó una disminución en la cantidad de pasajeros que utilizan diariamente los colectivos. En ese contexto, consideró que la nueva modificación profundiza el proceso de transferencia de costos hacia los usuarios y los gobiernos provinciales y municipales.

Giuliano explicó que el principal cambio radica en la forma de calcular la Tarifa Social de la SUBE. Hasta ahora, el beneficio equivalía a un descuento del 55% sobre la tarifa vigente en cada jurisdicción. Con el nuevo esquema, el porcentaje continuará existiendo, pero será aplicado sobre valores de referencia fijados al 30 de junio de 2026, independientemente de las futuras actualizaciones del boleto.

De esta manera, cada incremento tarifario que supere esos valores de referencia deberá ser cubierto por las administraciones provinciales y municipales si desean mantener el mismo nivel de descuento para los beneficiarios. En caso contrario, el mayor costo recaerá directamente sobre los usuarios alcanzados por el beneficio.

Entre los sectores comprendidos por la Tarifa Social se encuentran jubilados y pensionados, titulares de asignaciones sociales, beneficiarios de distintos programas nacionales, personal de casas particulares y ex combatientes de la Guerra de Malvinas, entre otros grupos contemplados por el régimen vigente.

El ex ministro de Transporte afirmó que la decisión implica una reducción del aporte nacional destinado a estos sectores y advirtió que muchas provincias podrían enfrentar dificultades para absorber el mayor costo del sistema en un contexto de restricciones presupuestarias. Según planteó, ello podría traducirse en un aumento efectivo del gasto que deberán afrontar miles de usuarios para utilizar el transporte público.

En sus declaraciones, Giuliano sostuvo que la política aplicada por el Poder Ejecutivo continúa trasladando responsabilidades financieras a las jurisdicciones locales, luego de la eliminación del Fondo Compensador del Transporte, lo que, a su juicio, incrementa las desigualdades entre las distintas regiones del país y complica el sostenimiento de los sistemas urbanos de pasajeros.

El legislador también cuestionó el impacto social de la medida y consideró que las modificaciones afectan especialmente a los sectores de menores ingresos, quienes dependen del transporte público para acceder al trabajo, la educación, la atención sanitaria y otros servicios esenciales.

Las críticas del diputado se suman al debate abierto en torno al financiamiento del transporte público, un tema que en los últimos meses generó diferencias entre el Gobierno nacional y distintas provincias respecto de la distribución de subsidios y de la responsabilidad en el sostenimiento de las tarifas. Mientras el Ejecutivo impulsa un esquema con menor participación del Estado nacional, diversos sectores de la oposición sostienen que esa política incrementa la presión económica sobre los usuarios y las administraciones locales.