Mársico propone impedir que los usurpadores accedan al servicio de electricidad de la EPE

El concejal Lisandro Mársico (PDP – Unidos), con el acompañamiento de la arquitecta Carla Boidi, presentó un Proyecto de Resolución mediante el cual solicita a la Empresa Provincial de la Energía (EPE) que modifique el Reglamento General para el Suministro y Comercialización del Servicio Eléctrico, con el fin de impedir que quienes ocupen ilegalmente un inmueble puedan acceder al servicio público de electricidad.

La iniciativa apunta a cerrar una situación que, según el edil, hoy favorece a quienes usurpan propiedades. "Actualmente la Empresa Provincial de la Energía, con la sola presentación de un contrato de alquiler firmado incluso por quien no es el verdadero propietario, lleva a cabo la conexión; lo que posibilita que el usurpador tenga electricidad en el domicilio tomado", sostuvo Mársico.

El concejal afirmó que las usurpaciones se han convertido en una problemática cada vez más frecuente en Rafaela, generando conflictos entre propietarios y ocupantes, además de situaciones de violencia e inseguridad que afectan a los vecinos.

"Se ha tornado práctica frecuente en la ciudad que individuos ocupan de manera ilegal propiedades que no les pertenecen, generando conflictos legales, sociales, que van acompañados con hechos de violencia, los cuales generan en la comunidad impotencia e indignación, especialmente a quienes habitan en las inmediaciones del espacio tomado", expresó.

La propuesta

El proyecto establece que, cuando exista una denuncia por usurpación radicada ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y las autoridades municipales, provinciales o nacionales acrediten fehacientemente la ocupación ilegal, la EPE no deberá otorgar el suministro eléctrico al inmueble.

Asimismo, la empresa deberá ser notificada oficialmente de la denuncia y solo podrá habilitar el servicio una vez que las autoridades informen el cese de la ocupación ilegal, tanto ante el MPA como ante la propia empresa.

También prevé cortar el suministro

La iniciativa contempla además los casos en los que los ocupantes ilegales ya cuenten con energía eléctrica.

En esos supuestos, el proyecto solicita que la EPE proceda a interrumpir el suministro, siempre que exista una denuncia formal por usurpación presentada ante el Ministerio Público de la Acusación por parte de autoridades municipales, provinciales o nacionales.

Para fundamentar la propuesta, Mársico recordó que el artículo 181 del Código Penal Argentino sanciona el delito de usurpación con penas de seis meses a tres años de prisión para quienes despojen a otro de la posesión o tenencia de un inmueble mediante violencia, engaño, abuso de confianza o clandestinidad.

"Como medida para desincentivar este delito, puede negarse la posibilidad de brindar el servicio público de electricidad a los ocupantes ilegales del inmueble", argumentó el edil.

Con este proyecto, el bloque busca que el acceso al servicio eléctrico no pueda convertirse en un elemento que facilite o consolide ocupaciones ilegales, reforzando la protección del derecho de propiedad y brindando una herramienta adicional para desalentar este tipo de hechos.