El Gobierno prepara un nuevo paquete de desregulación con reformas en aduanas, mercado inmobiliario y transporte fluvial

• El Gobierno prepara un nuevo paquete de proyectos para profundizar la desregulación económica.
• Las principales reformas abarcan el Código Aduanero, el mercado inmobiliario y la Ley de Cabotaje.
• El proyecto inmobiliario busca flexibilizar el ejercicio de la actividad de los corredores y eliminar restricciones.
• La reforma aduanera apunta a reducir burocracia y modernizar las normas del comercio exterior.
• La apertura del cabotaje permitiría operar a embarcaciones extranjeras entre puertos argentinos y anticipa un debate con el sector.
• El oficialismo deberá superar las dificultades legislativas para avanzar con su nueva agenda de reformas.

El Gobierno nacional avanza en la elaboración de un nuevo paquete de proyectos de ley destinado a profundizar el proceso de desregulación económica. La iniciativa, que será enviada al Congreso una vez concluida la revisión técnica de los textos, contempla modificaciones de fondo en el Código Aduanero, el mercado inmobiliario y el régimen de cabotaje para el transporte de cargas entre puertos argentinos, en una estrategia orientada a promover una mayor competencia y reducir costos en distintos sectores de la economía.

Las iniciativas son coordinadas por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, con participación de otras áreas del Poder Ejecutivo, entre ellas el Ministerio de Economía en lo referido al transporte por agua. Aunque desde la Casa Rosada sostienen que el paquete legislativo es más amplio, estos tres proyectos aparecen como los ejes centrales de la nueva etapa de reformas impulsadas por el oficialismo.

Uno de los cambios más significativos se concentra en el mercado inmobiliario. El proyecto busca modificar el régimen que regula la actividad de los corredores inmobiliarios mediante una redefinición del corretaje, que dejaría de ser considerado una profesión liberal para pasar a ser encuadrado como un servicio de intermediación comercial.

La propuesta también contempla cambios en el funcionamiento de los colegios profesionales, la eliminación de las restricciones territoriales que actualmente limitan la actividad entre distintas jurisdicciones y el fin de la obligatoriedad de contar con matrícula otorgada por un colegio profesional para ejercer la actividad. El objetivo oficial es incrementar la competencia dentro del sector y reducir las barreras de ingreso al mercado.

En paralelo, el Gobierno trabaja en una reforma integral del Código Aduanero, considerada una de las modificaciones más relevantes en materia de comercio exterior desde hace varios años. El proyecto apunta a simplificar procedimientos administrativos, reducir la burocracia que afecta las operaciones de importación y exportación y agilizar los tiempos para el ingreso y la salida de mercaderías.

Además, la iniciativa prevé revisar distintos aspectos vinculados con los controles aduaneros, la estructura operativa y la dotación de personal, junto con una actualización del régimen de infracciones y de las sanciones relacionadas con el contrabando. La intención es adaptar la normativa a un esquema que facilite el comercio internacional sin resignar las herramientas de fiscalización del Estado.

El tercer proyecto de mayor impacto está vinculado con la reforma de la Ley de Cabotaje. La propuesta busca ampliar la competencia en el transporte marítimo y fluvial de cargas entre puertos nacionales mediante la habilitación para que embarcaciones con bandera y tripulación extranjeras puedan prestar servicios dentro del territorio argentino.

La iniciativa también incorpora modificaciones al régimen de los prácticos, los especialistas que asisten a los capitanes durante las maniobras de ingreso y salida de los puertos. Desde el Gobierno sostienen que estos cambios permitirían reducir costos logísticos y aumentar la competitividad del sistema de transporte.

Sin embargo, el proyecto anticipa un intenso debate político y sectorial. Empresas navieras, sindicatos y representantes de la marina mercante observan con preocupación la posible apertura del mercado, al considerar que podría generar impactos sobre el empleo, el régimen registral y las condiciones tributarias de la actividad.

Durante los últimos días también trascendieron versiones acerca de que algunos borradores contemplaban un pedido de nuevas facultades delegadas para el Poder Ejecutivo bajo el marco de una emergencia administrativa, lo que permitiría acelerar futuras desregulaciones mediante decretos. No obstante, desde el Gobierno descartaron esa posibilidad y aseguraron que el paquete legislativo no incluirá ese mecanismo.

Fuentes oficiales indicaron que los proyectos permanecen en etapa de revisión y evitaron precisar una fecha para su envío al Congreso, aunque ratificaron que las reformas tienen como finalidad ampliar la competencia, simplificar regulaciones y eliminar obstáculos considerados innecesarios para el desarrollo de la actividad económica.

El tratamiento parlamentario, sin embargo, aparece como uno de los principales desafíos para el oficialismo. En las últimas semanas ya encontró dificultades para avanzar con otras iniciativas de desregulación, entre ellas el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, cuyo debate quedó postergado tras la falta de respaldo de algunos bloques aliados.

Esa iniciativa, que incluye modificaciones sobre la venta de tierras a extranjeros, los desalojos, la ley de manejo del fuego y el régimen de expropiaciones, generó diferencias incluso dentro del propio oficialismo y mantiene un futuro incierto en el Senado. A ello se suma la pendiente discusión de la denominada Ley Hojarasca y de la nueva Ley General de Sociedades, otro de los proyectos que forman parte de la agenda de reformas impulsada por el Poder Ejecutivo para avanzar en la desregulación de distintos sectores de la economía.