Inocencia Fiscal: Almirón respaldó el proyecto, pero admitió que desconoce si alcanzará a los funcionarios públicos
- El proyecto de Ley de Inocencia Fiscal comenzará a debatirse en Diputados tras el receso invernal.
- Lisandro Almirón respaldó la iniciativa, pero admitió que aún desconoce la versión definitiva del texto.
- El legislador no pudo confirmar si los funcionarios públicos podrán adherirse al régimen.
- El oficialismo busca reunir el apoyo de bloques dialoguistas para aprobar la propuesta.
- Unión por la Patria impulsa excluir del régimen a los funcionarios públicos y a sus familiares directos.
- Almirón defendió la necesidad de preservar la propiedad privada y aseguró que el Gobierno actúa sin privilegios para sus funcionarios.
El diputado nacional de La Libertad Avanza, Lisandro Almirón, respaldó el proyecto de Ley de Inocencia Fiscal impulsado por el gobierno de Javier Milei, aunque reconoció que todavía no conoce la versión definitiva de la iniciativa y, por ese motivo, evitó confirmar si los funcionarios públicos podrán adherirse al régimen que busca incentivar la incorporación al sistema financiero de los dólares no declarados.
La iniciativa será uno de los primeros temas que la Cámara de Diputados debatirá tras el receso invernal y se perfila como uno de los proyectos económicos más relevantes del oficialismo para la segunda mitad del año. El objetivo central es promover la regularización de activos mediante un esquema que otorgue mayores incentivos a quienes decidan incorporar fondos que actualmente permanecen fuera del circuito formal.
Durante una entrevista concedida este jueves, Almirón fue consultado sobre uno de los aspectos que más debate ha generado en torno al proyecto: la posibilidad de que los funcionarios públicos puedan acceder al nuevo régimen. Frente a esa pregunta, el legislador respondió que no podía brindar una definición porque aún no analizó la redacción final de la propuesta.
"No leí si en el proyecto hay alguna cláusula específica sobre esto", sostuvo al ser consultado sobre ese punto, dejando en claro que todavía desconoce el contenido definitivo del texto que será enviado al Congreso para su tratamiento.
El diputado explicó que sí participó de las discusiones preliminares sobre la iniciativa, aunque aclaró que las modificaciones incorporadas posteriormente no fueron revisadas por él. En ese sentido, señaló que estuvo presente en distintos debates relacionados con el enfoque que debe asumir el Estado respecto de los mecanismos de control, pero remarcó que todavía no dispone de la versión actualizada del proyecto.
Más allá de esa aclaración, Almirón manifestó su respaldo al espíritu de la iniciativa y consideró que representa una herramienta destinada a generar incentivos para que los ahorristas ingresen al sistema formal. No obstante, también admitió que el texto puede ser perfeccionado para evitar que otras regulaciones terminen desalentando la adhesión al régimen.
Según explicó, uno de los principales desafíos consiste en brindar garantías suficientes a quienes decidan regularizar su situación patrimonial. En esa línea, cuestionó que una persona que busque ponerse en regla pueda quedar posteriormente expuesta a controles o medidas que, a su juicio, contradigan el objetivo de fomentar la formalización de esos activos.
El legislador sostuvo que cualquier modificación que contribuya a fortalecer las libertades individuales merece ser analizada y consideró que ese criterio debería orientar las discusiones parlamentarias que comenzarán en las próximas semanas.
Mientras tanto, el oficialismo trabaja para reunir el respaldo de los bloques dialoguistas con el propósito de asegurar la aprobación de la iniciativa en la Cámara de Diputados. El proyecto forma parte de la estrategia económica del Gobierno para ampliar la utilización de fondos que permanecen fuera del sistema financiero formal y dinamizar la actividad económica.
En paralelo, la oposición ya comenzó a plantear modificaciones. Unión por la Patria impulsa una propuesta para excluir del régimen simplificado del impuesto a las ganancias a los funcionarios públicos y a sus familiares directos. La iniciativa surgió en medio de la controversia generada por la rectificación de la declaración jurada del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, episodio que reavivó el debate sobre los controles patrimoniales de quienes ejercen funciones públicas.
Consultado específicamente sobre ese aspecto, Almirón sostuvo que quienes ocupan cargos públicos ya están sujetos a mayores mecanismos de fiscalización por la naturaleza de sus responsabilidades. Afirmó que cualquier control adicional sobre el ejercicio de la función pública puede resultar positivo, aunque advirtió que las regulaciones deben preservar el principio de inviolabilidad de la propiedad privada, uno de los ejes que identifica con la filosofía política del oficialismo.
Finalmente, el diputado también defendió la postura del presidente Javier Milei frente a los casos que involucraron a integrantes de su administración. Aseguró que en el actual Gobierno no existen privilegios y sostuvo que, cuando fue necesario corregir situaciones vinculadas a funcionarios, el Poder Ejecutivo actuó con firmeza. Con esas declaraciones, buscó reforzar la posición oficial de cara al inminente debate parlamentario de una iniciativa que promete convertirse en uno de los principales focos de discusión política y económica de las próximas semanas.