Impulsan cambios para aliviar las multas que enfrentan pymes y autónomos ante ARCA

• El número de declaraciones juradas exigidas por ARCA aumentó significativamente para pymes y autónomos.
• Un empleador pyme puede presentar hasta 89 declaraciones juradas por año.
• Las multas automáticas alcanzan hasta $440.000 para incumplimientos informativos y hasta $10 millones en declaraciones determinativas.
• Tributaristas cuestionan que las sanciones sean iguales para pequeños contribuyentes y grandes empresas.
• Presentaron un proyecto para reducir las multas según el tamaño del contribuyente.
• La iniciativa también propone otorgar plazos de regularización antes de aplicar sanciones económicas.

El creciente volumen de obligaciones formales que deben cumplir los contribuyentes volvió a instalar el debate sobre la necesidad de reformar el régimen de sanciones que aplica la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). En ese contexto, especialistas en materia tributaria presentaron una propuesta para reducir las multas que afectan a pequeños contribuyentes, trabajadores autónomos y micro, pequeñas y medianas empresas, al considerar que el esquema vigente resulta desproporcionado y eleva significativamente el riesgo de incumplimientos.

Uno de los principales cuestionamientos apunta al incremento de las declaraciones juradas que deben presentar los contribuyentes. Según explicó la tributarista Miriam Roldán, integrante del grupo de especialistas que mantiene reuniones periódicas con el ministro de Economía, Luis Caputo, un empleador pyme puede llegar a presentar hasta 89 declaraciones juradas por año ante ARCA, cuando hasta hace poco esa cifra rondaba las 25.

La especialista señaló que el aumento de las obligaciones responde a la incorporación de nuevas modalidades informativas y determinativas, lo que amplió considerablemente la carga administrativa para empresas y trabajadores independientes. En el caso de un plomero inscripto como trabajador autónomo, por ejemplo, las presentaciones anuales pasaron de 14 a 38.

Roldán advirtió que esta situación no solo implica una mayor complejidad administrativa, sino también un incremento en la posibilidad de cometer errores involuntarios que derivan en sanciones económicas. Según indicó, el actual esquema multiplica las probabilidades de incurrir en incumplimientos y, en consecuencia, de recibir multas automáticas.

Las penalidades previstas por ARCA también se encuentran bajo cuestionamiento. Actualmente, la falta de presentación de una declaración jurada informativa puede generar multas que oscilan entre $220.000 y $440.000, aplicadas automáticamente una vez detectado el incumplimiento. En tanto, cuando se trata de declaraciones determinativas de impuestos, las sanciones pueden ubicarse entre $5 millones y $10 millones.

La tributarista recordó que años atrás existía la figura del Responsable No Inscripto, cuyos requisitos eran considerablemente más simples y contemplaban una única declaración jurada anual, además de los aportes previsionales y de obra social. Esa categoría dejó de existir y fue reemplazada por un esquema que exige un número mucho mayor de obligaciones formales.

El debate cobró mayor relevancia tras la actualización de las multas prevista por la Ley de Inocencia Fiscal. Si bien la modificación respondió a la necesidad de adecuar los montos al contexto inflacionario, distintos especialistas consideran que la normativa no contempló las diferencias existentes entre los distintos tipos de contribuyentes.

Uno de los principales cuestionamientos es que un trabajador autónomo sin empleados y una gran empresa reciben la misma sanción por no presentar una declaración informativa dentro del plazo establecido, sin considerar la capacidad económica de cada uno.

Frente a este escenario, durante una de las reuniones mantenidas con el ministro Caputo, Roldán entregó un borrador de proyecto de ley que propone introducir cambios en el régimen sancionatorio.

La iniciativa plantea reducir las multas en un 80% para personas humanas y microempresas; un 60% para pequeñas empresas; un 40% para medianas empresas tramo 1; y un 20% para medianas empresas tramo 2.

Además, propone eliminar la aplicación automática de las sanciones. En su lugar, ARCA debería notificar previamente al contribuyente sobre el incumplimiento y otorgar un plazo para regularizar la situación antes de imponer una multa. Ese período de gracia sería de 90 días para personas y microempresas, 60 días para pequeñas empresas, 45 días para medianas tramo 1 y 30 días para medianas tramo 2.

El proyecto también establece que, aun vencido ese plazo, el contribuyente dispondría de 15 días adicionales para subsanar el incumplimiento y evitar el pago de la penalidad.

Como fundamento, la propuesta sostiene que las sanciones deberían guardar relación con la capacidad contributiva de cada obligado. El texto advierte que un sistema uniforme termina castigando con la misma intensidad a un pequeño contribuyente que a una gran empresa, generando efectos que podrían resultar confiscatorios para quienes cuentan con menores recursos económicos.