Santa Fe aseguró acuerdos con estatales y médicos, pero enfrenta una semana de protestas docentes

El Gobierno de Santa Fe comenzó una semana clave en materia salarial luego de conseguir la aceptación de su propuesta paritaria por parte de los gremios estatales ATE y UPCN, además del sindicato médico AMRA. Con estos acuerdos, la administración provincial logró avanzar en la negociación con una parte importante de los trabajadores públicos, aunque el conflicto continúa abierto con los docentes y otros profesionales de la salud.

La atención estará centrada en la jornada del jueves, cuando los gremios que rechazaron la oferta salarial llevarán adelante un paro y distintas movilizaciones en la provincia.

En el sector de la salud, la propuesta aceptada por AMRA contempla un incremento salarial acumulado del 10,1% hasta diciembre, aplicado de manera escalonada. Además, incluye un aumento del 25% para los profesionales contratados bajo la modalidad de monotributo y mejoras en distintos adicionales específicos de la actividad.

Si bien la mayoría de los afiliados de AMRA respaldó el acuerdo, el resultado dejó en evidencia diferencias de criterio entre las distintas organizaciones que representan a los trabajadores de la salud.

En contraposición, el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud (Siprus) rechazó la propuesta oficial tras una consulta a sus afiliados y confirmó un plan de lucha que incluirá un paro provincial y movilizaciones para este jueves.

El conflicto también se mantiene en el ámbito educativo. Tanto Amsafé como Sadop resolvieron rechazar por amplia mayoría la oferta presentada por el Ejecutivo para el segundo semestre del año y anunciaron medidas de fuerza para reclamar una mejora salarial.

De esta manera, la protesta del jueves reunirá a docentes y profesionales de la salud que no aceptaron la propuesta oficial, en una nueva jornada de reclamos frente a la Casa Gris.

Pese a estos focos de conflicto, el Gobierno provincial logró cerrar acuerdos con los principales gremios de la administración pública, lo que le permite encaminar la política salarial para la segunda mitad del año y garantizar cierta estabilidad en buena parte del sector estatal, mientras continúan las negociaciones con los sindicatos que mantienen sus objeciones.