José Mayans cuestionó la reforma de la Ley de Tierras y advirtió sobre sus efectos en la soberanía nacional

• José Mayans cuestionó las modificaciones impulsadas por el Gobierno a la Ley de Tierras.
• El senador vinculó la presencia de Peter Thiel con una visión favorable a una mayor desregulación económica.
• Advirtió que una flexibilización del régimen podría afectar el control sobre recursos estratégicos y zonas sensibles.
• También expresó preocupación por la compra de tierras en áreas fronterizas y por los mecanismos de control.
• Mayans sostuvo que las reformas limitarían la capacidad del Estado para intervenir en sectores estratégicos como YPF.
• El legislador relacionó las iniciativas oficiales con las negociaciones que el Gobierno mantiene con el Fondo Monetario Internacional.

El jefe del bloque de Unión por la Patria en el Senado, José Mayans, expresó fuertes críticas al proyecto impulsado por el Gobierno para modificar la Ley de Tierras y sostuvo que la iniciativa podría favorecer una mayor participación de intereses extranjeros en áreas consideradas estratégicas para el país. El legislador vinculó además la presencia en Argentina del empresario estadounidense Peter Thiel con una visión económica que, según afirmó, promueve una reducción del papel del Estado en la administración de los recursos nacionales.

Durante sus declaraciones, Mayans manifestó su preocupación por el rumbo de las políticas impulsadas por el Poder Ejecutivo y consideró que las modificaciones propuestas responden a una concepción económica orientada hacia una mayor desregulación. En ese marco, sostuvo que determinados actores internacionales buscan impulsar cambios normativos que faciliten el acceso del capital privado a sectores estratégicos de la economía.

El senador planteó interrogantes sobre el propósito de las visitas al país de referentes del sector tecnológico y financiero internacional. En particular, hizo referencia a Peter Thiel, a quien vinculó con una corriente de pensamiento que, a su entender, cuestiona el rol tradicional del Estado y promueve una mayor participación del sector privado en actividades consideradas de interés público.

Según Mayans, esa visión tendría impacto sobre la legislación vinculada a la explotación de recursos naturales y al régimen de propiedad de la tierra. En su análisis, advirtió que la flexibilización de los controles podría favorecer el acceso de grandes corporaciones a activos estratégicos, entre ellos los vinculados con la minería y los denominados minerales críticos, reduciendo la capacidad del Estado para intervenir en su administración.

El legislador también expresó reparos respecto de las consecuencias que, según su interpretación, podrían derivarse de una eventual modificación del régimen vigente sobre la adquisición de tierras por parte de extranjeros. En ese sentido, sostuvo que una mayor apertura podría generar dificultades para preservar el control sobre zonas consideradas sensibles desde el punto de vista geopolítico y territorial.

Entre los aspectos mencionados por el senador figuró la situación de las áreas fronterizas. Mayans afirmó que la ausencia de controles adecuados podría facilitar operaciones de compra por parte de organizaciones vinculadas a actividades ilícitas, particularmente en regiones de frontera seca. A su entender, ello hace necesario mantener mecanismos de supervisión sobre el origen de los fondos utilizados en las transacciones inmobiliarias y sobre la localización de las adquisiciones.

En el mismo contexto, el dirigente peronista señaló que las modificaciones propuestas también tendrían implicancias sobre las facultades del Estado para intervenir en sectores estratégicos. Como ejemplo mencionó el proceso de recuperación del control de YPF y sostuvo que, bajo un régimen con mayores restricciones a la expropiación, una medida de esas características habría resultado mucho más difícil de concretar desde el punto de vista jurídico y financiero.

Mayans vinculó además el proyecto oficial con las negociaciones que mantiene el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Según expresó, las reformas económicas y regulatorias promovidas por la administración nacional responden a compromisos asumidos en ese marco y forman parte de un programa más amplio de cambios estructurales.

En paralelo, el senador relacionó esas iniciativas con el contexto económico actual, caracterizado, según indicó, por una desaceleración de la actividad industrial y dificultades en el mercado laboral. A su juicio, la combinación de reformas orientadas a la desregulación y el escenario económico vigente genera preocupación sobre la capacidad del Estado para preservar herramientas de intervención en sectores considerados estratégicos.

Las declaraciones del jefe del bloque de Unión por la Patria se suman al debate político abierto en torno a las reformas impulsadas por el Gobierno en distintas áreas de la legislación económica. Mientras el oficialismo sostiene que los cambios buscan atraer inversiones y otorgar mayor seguridad jurídica, desde la oposición continúan planteándose cuestionamientos sobre sus posibles efectos en materia de soberanía, administración de recursos naturales y capacidad de regulación del Estado.