Germán Martínez atribuyó a la movilización social los cambios en la Ley de Propiedad Privada y anticipó una nueva disputa en Diputados

• Germán Martínez afirmó que la movilización social fue determinante para modificar el tratamiento de la Ley de Propiedad Privada.
• El diputado destacó el trabajo conjunto entre legisladores, gobernadores, organizaciones sociales y ciudadanos.
• Sostuvo que la presión ejercida fuera del Congreso contribuyó a que el oficialismo retirara los capítulos sobre tierras y manejo del fuego.
• Unión por la Patria anticipó que buscará modificar en Diputados los artículos referidos a desalojos exprés y expropiaciones.
• Martínez advirtió que los cambios al régimen de expropiaciones podrían afectar el desarrollo de obras públicas.
• El legislador cuestionó la visión del Gobierno sobre el rol del Estado y anticipó que ese debate continuará durante el tratamiento en la Cámara baja.

El presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, aseguró que la movilización social desempeñó un papel determinante en el tratamiento legislativo de la Ley de Propiedad Privada y sostuvo que la presión ejercida por distintos sectores de la sociedad contribuyó a que el oficialismo retirara del proyecto los capítulos vinculados con la Ley de Tierras y la Ley de Manejo del Fuego para obtener la media sanción en el Senado.

Luego de la extensa sesión celebrada en la Cámara alta, el legislador realizó un balance positivo de la estrategia desplegada por la oposición y destacó que la combinación del trabajo parlamentario con las manifestaciones realizadas en distintos puntos del país terminó modificando el escenario político que enfrentaba el Gobierno nacional.

Según planteó, el resultado alcanzado fue consecuencia de una articulación entre legisladores, gobernadores, organizaciones sociales y ciudadanos que expresaron públicamente su rechazo a algunos de los aspectos más controvertidos de la iniciativa impulsada por la administración de Javier Milei.

Martínez consideró que la participación ciudadana terminó influyendo sobre aquellos sectores que mantenían posiciones indefinidas durante el debate legislativo y sostuvo que el crecimiento del rechazo fuera del Congreso fue un elemento decisivo para que el oficialismo aceptara introducir cambios en el texto original.

En ese sentido, afirmó que el punto de inflexión se produjo cuando la discusión dejó de limitarse al ámbito parlamentario y comenzó a instalarse con mayor fuerza en la agenda pública. A su entender, la movilización social permitió fortalecer la posición de quienes impulsaban modificaciones al proyecto y contribuyó a generar un escenario político diferente al previsto inicialmente por el oficialismo.

El diputado recordó además que el tratamiento de la iniciativa había enfrentado distintos obstáculos desde sus primeras etapas legislativas. Según explicó, los senadores de Unión por la Patria habían trabajado desde el comienzo para impedir el avance del proyecto, incluso cuando el tema todavía no ocupaba un lugar central en el debate político nacional.

En esa línea, destacó el trabajo coordinado entre los representantes parlamentarios y los distintos sectores que participaron de las protestas, al considerar que la combinación entre la acción legislativa y la movilización ciudadana permitió fortalecer la posición de la oposición durante las negociaciones desarrolladas en el Senado.

Martínez también puso de relieve el diálogo mantenido con dirigentes pertenecientes a otros espacios políticos y valoró el acompañamiento de algunos gobernadores y legisladores que finalmente respaldaron la eliminación de los capítulos referidos a la venta de tierras a extranjeros y a la Ley de Manejo del Fuego.

A pesar de la media sanción obtenida por el oficialismo, el dirigente sostuvo que el debate parlamentario está lejos de concluir y anticipó que la próxima etapa se desarrollará en la Cámara de Diputados, donde Unión por la Patria buscará introducir nuevas modificaciones al proyecto aprobado por el Senado.

El principal objetivo de la bancada opositora será cuestionar las disposiciones que permanecieron en el texto, especialmente aquellas vinculadas con el régimen de desalojos exprés y las modificaciones al sistema de expropiaciones.

Sobre este último punto, Martínez expresó su preocupación por el impacto que, a su juicio, podrían tener los cambios propuestos sobre la capacidad del Estado para desarrollar obras de infraestructura y ejecutar políticas públicas.

Como ejemplo, mencionó proyectos de ampliación de rutas, construcción de viviendas y otras iniciativas de interés público que requieren la utilización de mecanismos de expropiación para avanzar sobre determinados terrenos cuando resulta necesario.

Desde su perspectiva, limitar esa herramienta legal podría generar dificultades para concretar obras consideradas estratégicas y reducir la capacidad de intervención del Estado en distintos ámbitos de la gestión pública.

El legislador también cuestionó la concepción que, según afirmó, sostiene el Gobierno nacional respecto del papel estatal en la economía. En ese sentido, interpretó que la administración de Javier Milei impulsa un modelo orientado a disminuir al máximo la participación del Estado y a trasladar al mercado la resolución de la mayor parte de las actividades económicas y sociales.

Para Martínez, esa visión quedó reflejada en el contenido del proyecto debatido en el Senado y continuará siendo uno de los principales ejes de discusión durante el tratamiento que deberá afrontar la iniciativa en la Cámara de Diputados.

Con ese escenario por delante, la oposición buscará mantener la estrategia desplegada durante las últimas semanas, combinando la acción parlamentaria con el respaldo de distintos sectores políticos, sociales y sindicales que manifestaron su rechazo a diversos aspectos de la Ley de Propiedad Privada y que procurarán influir también en la próxima instancia legislativa.