Santa Fe declara la emergencia hídrica hasta 2027 y acelera obras contra el impacto de El Niño
La provincia de Santa Fe quedó formalmente bajo emergencia hídrica hasta el 30 de abril de 2027, luego de que la Cámara de Diputados completara la sanción de la ley destinada a preparar al territorio frente a posibles excesos de lluvias y al avance del fenómeno climático de El Niño.
La norma fue aprobada por unanimidad en Diputados, luego de que el Senado le diera media sanción una semana antes con modificaciones al proyecto enviado originalmente por el Poder Ejecutivo. La emergencia podrá extenderse durante otros seis meses si persisten las condiciones que dieron lugar a la declaración.
El objetivo central de la legislación es agilizar obras, construcciones y trabajos públicos destinados a prevenir, reducir y mitigar los daños que puedan provocar los excesos hídricos en distintos puntos de la provincia.
El alcance de la emergencia también contempla eventuales situaciones de carácter ambiental que estén vinculadas con el escenario hídrico y que sean reconocidas como tales por el Poder Ejecutivo.
Más controles sobre las obras y los recursos
Entre las modificaciones incorporadas durante el tratamiento legislativo se encuentra la creación de una comisión bicameral integrada por seis legisladores, que tendrá como función controlar la implementación de la emergencia.
El organismo deberá realizar un seguimiento de la utilización del Fondo de Emergencia Hídrica, las obras y contrataciones realizadas y los recursos extraordinarios destinados a municipios.
La ley también establece mecanismos para facilitar la asistencia financiera a gobiernos locales y comités de cuenca. El Ministerio de Obras Públicas será la autoridad de aplicación y podrá otorgar subsidios y aportes no reintegrables mediante procedimientos abreviados.
Los fondos deberán utilizarse exclusivamente para ejecutar obras o adquirir maquinaria y equipamiento destinados a reducir riesgos y atender situaciones vinculadas con la emergencia.
Expropiaciones para ejecutar obras
Uno de los puntos más relevantes de la nueva legislación es la posibilidad de avanzar con expropiaciones de inmuebles ubicados en sectores donde sea necesario ejecutar obras hidráulicas o en zonas cercanas.
La norma declara de utilidad pública y sujetos a expropiación, de manera genérica, los terrenos que puedan resultar necesarios. El Poder Ejecutivo deberá determinar cuáles serán afectados en función de los proyectos que se definan.
El procedimiento contempla una instancia de tasación que deberá realizarse en un plazo máximo de cinco días. El propietario será notificado y tendrá otros cinco días para aceptar la valuación o presentar una estimación fundada del monto que considera correspondiente como indemnización.
En situaciones de urgencia, si no existe acuerdo sobre el valor o el propietario no autoriza la toma de posesión, el Estado podrá recurrir al procedimiento judicial previsto por la legislación provincial de expropiaciones.
Rutas secundarias, otro punto de la emergencia
La ley también contempla la posibilidad de afectar terrenos privados ubicados junto a rutas provinciales secundarias de calzada natural.
La medida permitirá avanzar sobre una franja de hasta diez metros dentro de los predios particulares, aunque la superficie concreta deberá determinarse para cada tramo de acuerdo con las necesidades de la obra y las condiciones de la vía.
La declaración de emergencia busca así otorgar al Gobierno provincial herramientas excepcionales para acelerar intervenciones, facilitar el acceso a recursos y reducir los tiempos administrativos frente a eventuales inundaciones y anegamientos.
Con la aprobación definitiva, Santa Fe ingresa en una etapa de preparación que tendrá como horizonte abril de 2027, con la posibilidad de extender el régimen si las condiciones climáticas y los riesgos hídricos continúan justificándolo.