ATE rechazó la reforma del empleo público y Aguiar llamó a los estatales a mantenerse en “alerta máxima”

• ATE rechazó la reforma del empleo público impulsada por el Gobierno y Rodolfo Aguiar pidió a los trabajadores mantenerse en “alerta máxima”.
• La iniciativa contempla cambios en los ingresos, evaluaciones, ascensos, remuneraciones y movilidad dentro de la administración pública.
• Aguiar cuestionó la continuidad de los exámenes de idoneidad y recordó que el 98% de los trabajadores evaluados los aprobó.
• El sindicato afirmó que está dispuesto a negociar si se regulariza a trabajadores precarizados y se mejoran los salarios.
• ATE también propuso discutir una reducción del período de prueba y agilizar los mecanismos de promociones y ascensos.
• Aguiar estableció como límite cualquier reforma que implique quitar derechos a los trabajadores estatales.

El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, cuestionó la reforma del empleo público que analiza el Gobierno de Javier Milei y llamó a los trabajadores estatales a mantenerse en “alerta máxima” frente a los cambios que prepara el Poder Ejecutivo. El dirigente sindical advirtió que el gremio no aceptará modificaciones que impliquen una pérdida de derechos, aunque dejó abierta la posibilidad de discutir una actualización del régimen laboral si apunta a mejorar las condiciones de quienes trabajan en la administración pública.

La reforma es impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, y contempla modificaciones en distintos aspectos de la carrera administrativa. Entre los puntos bajo análisis aparecen los mecanismos de ingreso, las evaluaciones de desempeño, los ascensos, la estructura salarial y la posibilidad de facilitar el traslado de empleados entre diferentes áreas de la administración.

Aguiar expresó su rechazo a la iniciativa y sostuvo que el objetivo del sindicato no es impedir cualquier modificación de las normas laborales. Según planteó, ATE está dispuesto a sentarse a discutir cambios si estos permiten solucionar problemas que actualmente afectan a los trabajadores estatales.

El principal límite planteado por el dirigente es que cualquier modificación debe preservar los derechos laborales. En ese sentido, diferenció el convenio colectivo de lo que considera un incumplimiento sistemático por parte del Estado. Para Aguiar, muchas de las herramientas que el Gobierno pretende revisar ya están contempladas en la legislación vigente, pero no se aplican correctamente.

Uno de los puntos que generó mayor cuestionamiento dentro del sindicato es la intención de profundizar los mecanismos de evaluación de los empleados públicos. Aguiar recordó que durante los últimos años ya se implementaron exámenes de idoneidad para trabajadores de la Administración Pública Nacional y afirmó que el 98% de los empleados evaluados aprobó esas instancias.

A partir de ese antecedente, el titular de ATE cuestionó la necesidad de insistir nuevamente sobre ese mecanismo. Su argumento es que el problema central no estaría relacionado con la falta de herramientas para evaluar a los trabajadores, sino con la forma en que el Estado aplica las normas existentes.

Al mismo tiempo, Aguiar planteó que existen cuestiones que sí deberían ser modificadas. Entre ellas mencionó la situación de los trabajadores contratados y los bajos salarios que, según sostuvo, afectan a una parte de los empleados públicos.

En ese punto, el dirigente aseguró que ATE estaría dispuesto a renegociar el convenio colectivo si el objetivo fuera regularizar a los trabajadores precarizados y establecer remuneraciones que permitan mejorar sus condiciones de vida. También señaló que existen aspectos relacionados con la carrera administrativa que podrían agilizarse.

Como ejemplo, mencionó el período de prueba vigente y los tiempos necesarios para acceder a promociones y ascensos. Según explicó, actualmente el período de prueba alcanza los 12 meses, mientras que determinadas promociones pueden demorar entre dos y tres años. Una reducción de esos plazos y un sistema más dinámico de desarrollo profesional podrían ser discutidos por el sindicato.

Aguiar también defendió la vigencia del convenio colectivo de trabajo 214/06, que regula las condiciones laborales de trabajadores de la Administración Pública Nacional y otros organismos estatales. El dirigente rechazó que se trate de una normativa excesivamente antigua y recordó que fue firmada y homologada en 2006.

Desde la perspectiva de ATE, mecanismos como la estabilidad laboral, el derecho al ingreso, las evaluaciones y los concursos ya forman parte de la normativa vigente. El cuestionamiento sindical apunta a lo que considera una falta de cumplimiento de esas disposiciones.

La discusión se suma a la agenda de reformas que impulsa el Gobierno y promete convertirse en otro foco de tensión con las organizaciones sindicales. El Ejecutivo busca avanzar hacia una administración pública que otorgue mayor peso al desempeño individual, facilite la movilidad interna y revise los mecanismos de ingreso y promoción.

ATE, en cambio, sostiene que cualquier modificación debe partir de un diagnóstico diferente y priorizar la regularización de trabajadores, la mejora salarial y el cumplimiento efectivo de las normas existentes.

La posición de Aguiar deja abierta una instancia de negociación, pero establece una frontera clara. El sindicato está dispuesto a discutir cambios en el régimen de empleo público, siempre que estos tengan como objetivo mejorar el funcionamiento de la administración y las condiciones laborales. Cualquier iniciativa que implique quitar derechos, en cambio, será rechazada por la organización.