Viotti cruza un límite peligroso: las denuncias solo se hacen en sede judicial o policial

La democracia no funciona según el capricho de un intendente. Funciona con reglas, con límites y con una división de poderes que ningún funcionario puede ignorar. Y cuando un jefe comunal decide avanzar sobre competencias que no le corresponden, deja de cometer un simple error político para ingresar en un terreno mucho más delicado: el del avasallamiento institucional.

Las denuncias, en cualquier Estado de Derecho serio, se realizan en sede policial o judicial. No en una oficina municipal, no en una dependencia creada por decisión política y mucho menos bajo la órbita de un intendente. Pretender otra cosa constituye una intromisión inexplicable de un poder sobre otro y un desconocimiento absoluto de los principios básicos del sistema republicano.

El intendente Leonardo Viotti debería comprender que la división de poderes no es una sugerencia ni una cuestión opinable. Es uno de los pilares fundamentales de la democracia argentina. Ningún municipio tiene facultades para transformarse en receptor de denuncias que corresponden a la Justicia o a la Policía. Intentarlo no fortalece las instituciones; las debilita.

Pero además existe otro interrogante inevitable. ¿Cuál es el verdadero objetivo de esta iniciativa? Resulta difícil no sospechar que detrás de esta idea exista un intento por manipular o distorsionar las estadísticas sobre inseguridad en Rafaela. Si las denuncias no ingresan por los canales oficiales, los números cambian. Y cuando cambian los números, también cambia el relato.

Mientras los vecinos perciben un crecimiento permanente de la inseguridad, el Municipio parece más preocupado por construir una realidad paralela que por enfrentar el problema de fondo. La prioridad debería ser exigir más presencia policial, mayor coordinación con la Justicia y políticas concretas de prevención, no inventar mecanismos que generan confusión y ponen en riesgo la institucionalidad.

Lo más preocupante es el silencio cómplice de quienes deberían advertir semejante despropósito. Los concejales y funcionarios que salen a justificar esta pretensión no hacen más que actuar como simples levantamanos, incapaces de señalar un error evidente por temor o conveniencia política. Defender lo indefendible no los convierte en leales; los convierte en cómplices de una decisión profundamente equivocada.

No se trata de una discusión partidaria. Se trata de defender el Estado de Derecho. Hoy puede parecer una cuestión menor, pero cuando un funcionario decide avanzar sobre competencias ajenas porque cree que el fin justifica los medios, se abre una puerta extremadamente peligrosa para cualquier democracia.

Da la impresión de que Viotti hace tiempo perdió el rumbo. Encerrado en su propio laberinto político, busca iniciativas efectistas para recuperar una imagen que se deteriora al mismo ritmo que aumentan los problemas de la ciudad. Sin embargo, gobernar no consiste en improvisar ni en vulnerar los límites que fija la Constitución.

Quienes creemos en la República, en la independencia de los poderes y en el respeto irrestricto de la ley tenemos la obligación de rechazar con firmeza este tipo de iniciativas. No por simpatía o antipatía hacia un intendente, sino porque ninguna urgencia política, ninguna necesidad comunicacional y ninguna estrategia electoral puede justificar que se vulneren los principios que sostienen nuestra democracia.

Cuando un gobernante pretende reemplazar las instituciones por mecanismos propios, deja de ofrecer soluciones y comienza a convertirse en parte del problema.