Caputo fijó en 3,5 millones de pesos el ingreso familiar requerido para acceder a una hipoteca de 80.000 dólares
El Ministerio de Economía presentó una simulación oficial para esclarecer una de las mayores dudas de la clase media: la capacidad financiera exigida a un grupo familiar para acceder a la vivienda propia. Tomando como parámetro un préstamo hipotecario de 80.000 dólares bajo el nuevo esquema estatal, las estimaciones de la cartera económica determinaron que los solicitantes deberán demostrar ingresos netos mensuales por 3.460.391 pesos. La cifra se basa en la regla de afectación cuota-ingreso del 25%, lo que implica que el desembolso inicial no puede absorber más de una cuarta parte del sueldo familiar disponible.
Para ilustrar el alcance de la medida, las autoridades tomaron un inmueble valuado en 106.667 dólares, donde la cobertura bancaria alcanza el 75% del valor total (unos 120,9 millones de pesos), exigiendo al comprador aportar el 25% restante con ahorros previos. La simulación para este crédito contempla un plazo de cancelación de 25 años y un costo financiero de UVA más 7%, arrojando una cuota inicial de 865.098 pesos. Debido a la naturaleza de las Unidades de Valor Adquisitivo, este monto en pesos sufrirá actualizaciones periódicas en función del índice inflacionario a lo largo de las dos décadas y media de vigencia.
La propuesta se apoya en el denominado Programa de Licitación de Plazos Fijos por un total de 2 billones de pesos, alimentado con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. La iniciativa contempla subastas a bancos por tramos de 200.000 millones de pesos en depósitos a un año (a tasa UVA más 2,5%) y a cinco años (a UVA más 4,5%). Las entidades adjudicatarias dispondrán de un plazo máximo de 90 días para colocar esos fondos en líneas hipotecarias dirigidas a personas humanas que busquen adquirir, construir o remodelar su primera vivienda.
Para proteger a los usuarios, el marco normativo fija condiciones estrictas como un techo de tasa de UVA más 7,5%, una duración mínima del financiamiento de 15 años y un monto tope por solicitante fijado en 150.000 UVA. A través de este paquete de requisitos operativos y límites arancelarios, el Gobierno busca que el inyectado de liquidez estatal se traduzca de forma directa en un canal accesible de crédito para las familias argentinas.