La industria aceitera reclama una nueva ley de biocombustibles y presiona por elevar el corte de biodiésel

• La industria aceitera y de biodiésel respaldó el proyecto de Ley de Biocombustibles impulsado por Patricia Bullrich.
• CIARA-CEC y CARBIO reclaman mantener al biodiésel dentro de la nueva legislación.
• Las entidades buscan elevar progresivamente el corte obligatorio hasta alcanzar el 12,5%.
• El proyecto oficial establece un corte de biodiésel del 10% a partir del segundo año de vigencia.
• La iniciativa también propone modificar el sistema de precios y establecer referencias vinculadas con la paridad de importación.
• La apertura del mercado genera diferencias por el posible impacto sobre las plantas pequeñas y medianas de distintas provincias.

Las principales entidades vinculadas con la industria aceitera y de biocombustibles respaldaron el proyecto de Ley de Biocombustibles que impulsa la senadora Patricia Bullrich junto con el oficialismo en el Senado y reclamaron que la iniciativa avance hacia un dictamen durante la próxima semana. El planteo coloca nuevamente al biodiésel en el centro de una discusión que combina producción agroindustrial, inversiones, precios de los combustibles y competitividad del campo argentino.

CIARA-CEC y CARBIO sostuvieron que la reforma permitiría avanzar hacia un mercado más transparente, ampliar la participación de empresas, estimular nuevas inversiones y generar empleo. Uno de los argumentos centrales de las entidades es que un mayor uso del biodiésel podría beneficiar especialmente a los consumidores de gasoil vinculados con la actividad agropecuaria, debido al peso que tiene ese combustible en los costos de producción.

Las cámaras rechazaron de manera enfática cualquier alternativa que deje al biodiésel fuera del nuevo régimen y concentre la normativa exclusivamente en el bioetanol. Para la industria, ambos combustibles deben formar parte de una misma legislación que permita aprovechar la capacidad productiva instalada en el país.

El diagnóstico sectorial parte de una posición relevante de la Argentina en el mercado internacional de derivados de la soja. El país mantiene un fuerte perfil exportador de aceite de soja y dispone de una importante capacidad industrial para producir biodiésel. Sin embargo, según las entidades, una parte significativa de esa infraestructura permanece subutilizada debido a las actuales restricciones para abastecer el mercado interno.

En ese contexto, el nivel del corte obligatorio aparece como uno de los principales puntos de la negociación. Actualmente, el biodiésel representa un 7,5% de la mezcla con gasoil, mientras que las cámaras sostienen que el porcentaje debería incrementarse hasta el 12,5%. El proyecto promovido por Bullrich contempla una primera etapa del 7,5% y establece que el corte obligatorio debería alcanzar el 10% un año después de la entrada en vigencia de la ley.

La diferencia entre ambas posiciones será uno de los aspectos que deberán resolver los legisladores. Desde la industria consideran que elevar progresivamente el porcentaje permitiría incrementar la utilización de la capacidad instalada, generar mayor demanda para el aceite de soja y fortalecer el agregado de valor de la producción agrícola.

El proyecto oficial propone además un régimen de 15 años y establece modificaciones en el mecanismo de formación de precios. Uno de los cambios más relevantes consiste en reemplazar el actual esquema de precios máximos por valores de referencia vinculados con la paridad de importación. El objetivo planteado es generar reglas consideradas más previsibles para el funcionamiento del mercado.

En el caso del bioetanol, la iniciativa establece un aumento del corte mínimo del 12% al 15% durante el primer año. Ese punto genera mayores niveles de coincidencia entre los distintos actores involucrados en el debate, mientras que el biodiésel concentra las mayores diferencias.

La discusión legislativa incluye además otras propuestas. Las senadoras Flavia Royón y Alejandra Vigo presentaron iniciativas que también mantienen al biodiésel dentro del régimen y plantean ampliar la discusión hacia otras fuentes de energía, entre ellas el biogás y los combustibles sostenibles para la aviación.

Sin embargo, detrás del debate sobre la apertura del mercado existe una tensión dentro de la propia cadena productiva. Una liberalización amplia podría favorecer a los grandes grupos industriales con fuerte capacidad de producción y exportación, pero generar dificultades para plantas pequeñas y medianas ubicadas en provincias como Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis.

El desafío para el Senado será entonces alcanzar un equilibrio entre mayor competencia, inversiones y aprovechamiento de la capacidad industrial, sin provocar una concentración que deje en desventaja a los productores de menor escala. En ese escenario, las entidades empresarias buscan que el proyecto avance y reclamaron a los representantes provinciales construir los consensos necesarios para llevarlo al recinto.