Endeudamiento familiar: las provincias toman medidas ante el fuerte aumento de la morosidad

El aumento de los atrasos en el pago de préstamos personales y tarjetas de crédito comenzó a ocupar un lugar cada vez más importante en la discusión política argentina. Mientras el Congreso se prepara para debatir distintas iniciativas destinadas a aliviar el peso de las deudas, varias provincias ya pusieron en marcha programas propios para asistir a las familias.

Durante 2026, al menos ocho provincias adoptaron medidas específicas para enfrentar el problema. A ese grupo se incorporó también la Ciudad de Buenos Aires, que aprobó por ley un programa de asistencia, mientras otros distritos evalúan alternativas similares.

Las herramientas utilizadas varían según cada jurisdicción. Entre las principales aparecen la refinanciación de deudas, la unificación de distintos compromisos en un solo crédito, tasas subsidiadas, extensión de los plazos de pago y límites sobre el porcentaje de los ingresos que puede destinarse al pago de cuotas.

El escenario se volvió más complejo debido al fuerte incremento de la morosidad. De acuerdo con información del Banco Central, el porcentaje de familias con atrasos en sus obligaciones financieras dentro del sistema bancario alcanzó el 12,8% en junio de 2026, frente al 5,2% registrado durante el mismo mes del año anterior.

El Congreso se prepara para discutir casi 50 proyectos

El deterioro de la situación financiera de los hogares también llegó con fuerza al Congreso. Distintos bloques de la oposición presentaron cerca de medio centenar de proyectos relacionados con el endeudamiento de las familias y consiguieron impulsar una sesión especial prevista para el 9 de septiembre.

Sin embargo, la realización de esa sesión dependerá de que los legisladores logren reunir el quórum necesario.

En paralelo, el oficialismo convocó a la Comisión de Finanzas para el 2 de septiembre, con el objetivo de comenzar a analizar las distintas iniciativas. La apertura del debate podría permitir avanzar con las propuestas, aunque también existe la posibilidad de que el tratamiento parlamentario se extienda.

Mientras la discusión nacional avanza, las respuestas provinciales presentan diferencias. Algunas administraciones recurren a sus bancos públicos para ofrecer alternativas de financiamiento, otras negocian condiciones especiales con entidades privadas y también existen gobiernos que optaron por establecer límites al porcentaje de los salarios o ingresos que puede ser absorbido por las cuotas.

Santa Fe, con un programa para reorganizar las deudas

Entre las provincias que implementaron una estrategia más amplia aparece Santa Fe, donde el gobierno de Maximiliano Pullaro lanzó a fines de abril el denominado Plan de Protección de los Ingresos.

La iniciativa está dirigida a distintos sectores, entre ellos trabajadores estatales y privados, autónomos, empleados municipales y jubilados. Uno de sus principales objetivos es permitir que quienes tienen múltiples compromisos financieros puedan concentrar sus deudas en un único préstamo, con condiciones de pago más extensas.

El programa contempla plazos de hasta 60 cuotas y hasta dos meses de gracia, mientras que para los empleados públicos provinciales se estableció un límite específico: los descuentos correspondientes a créditos no pueden superar el 25% de sus ingresos.

Desde la administración santafesina señalaron que la medida apunta a reducir la presión financiera sobre los hogares y recuperar parte de su capacidad de consumo.

La respuesta inicial mostró un elevado nivel de demanda. Durante la primera semana posterior al lanzamiento, más de 10.000 personas habían iniciado el trámite, mientras que actualmente la cantidad de solicitudes se ubica en torno a las 20.000.

El avance de este tipo de programas refleja una preocupación que excede las fronteras de cada provincia: el crecimiento del endeudamiento familiar y la dificultad de numerosos hogares para afrontar cuotas que, en muchos casos, comenzaron a representar una porción cada vez mayor de sus ingresos.