LLA lleva al Concejo el rechazo a la ley de "discursos de odio"

Resumen

• La Libertad Avanza consiguió que el Concejo Municipal de Rafaela trate este jueves un proyecto de rechazo a la iniciativa provincial sobre los denominados "discursos de odio".
• El debate llega en simultáneo con el tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados de Santa Fe.
• Desde el espacio libertario sostienen que la propuesta provincial abre la puerta a restricciones incompatibles con la libertad de expresión y advierten sobre el riesgo de una aplicación discrecional.
• Para R24N, se trata de una aberración jurídica impropia de una democracia liberal, que recuerda mecanismos utilizados por regímenes autoritarios para limitar las opiniones críticas.
• La sesión también permitirá conocer qué postura adoptará cada bloque del Concejo frente a un tema que excede la política partidaria y pone en discusión derechos constitucionales.
• Además, el Concejo avanzó con un proyecto para solicitar la eliminación de restricciones comerciales durante las jornadas electorales.

Este jueves el Concejo Municipal de Rafaela tendrá uno de esos debates que trascienden la política cotidiana. No se discutirá una obra pública ni una ordenanza administrativa. Lo que estará sobre la mesa será un principio básico de cualquier democracia: la libertad de expresión.

Después de que la semana pasada no reuniera los votos necesarios para ser tratado sobre tablas, La Libertad Avanza logró que su proyecto obtuviera despacho de comisión, por lo que será debatido en la sesión de este jueves.

La iniciativa expresa el rechazo al proyecto de ley que ya cuenta con media sanción del Senado santafesino y que incorpora disposiciones relacionadas con los denominados "discursos de odio".

Para los concejales libertarios, la propuesta provincial representa un serio riesgo para las garantías constitucionales y puede transformarse en una herramienta para limitar opiniones incómodas o críticas hacia el poder político.

Una discusión que excede a Santa Fe

El tratamiento en Rafaela coincidirá prácticamente con el debate que ese mismo día tendrá lugar en la Cámara de Diputados de Santa Fe.

Por eso, la resolución que eventualmente apruebe el Concejo buscará convertirse en un pronunciamiento institucional dirigido a los legisladores provinciales.

El proyecto solicita expresamente que la Cámara de Diputados preserve los principios consagrados por la Constitución Nacional, la Constitución de Santa Fe y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, rechazando cualquier disposición que permita sancionar expresiones mediante conceptos ambiguos o sujetos a interpretaciones discrecionales.

Desde R24N entendemos que una legislación que pretenda castigar opiniones utilizando categorías imprecisas constituye una aberración jurídica impropia de un Estado de Derecho. La historia demuestra que este tipo de herramientas han sido utilizadas por gobiernos con escaso apego a las libertades individuales para disciplinar el debate público y desalentar las voces críticas.

Libertad de expresión o censura

Durante la reunión de comisiones, la concejal Milagros Zafra fue una de las principales defensoras de la iniciativa.

La edil sostuvo que el proyecto provincial constituye una amenaza para la libertad de opinión y advirtió que permitiría avanzar sobre quienes expresen posiciones disidentes.

A su criterio, ningún gobierno debería tener la facultad de decidir qué puede decir un ciudadano y qué no, recordando que el ordenamiento jurídico argentino ya cuenta con herramientas para sancionar los delitos cuando una persona ocasiona un daño concreto a otra.

En esa línea, afirmó que la propuesta provincial podría derivar en mecanismos de censura previa y afectar el derecho de la ciudadanía a cuestionar a sus gobernantes.

Su compañero de bloque fue aún más directo al sostener que la sesión permitirá observar quiénes están dispuestos a defender la libertad de expresión y quiénes acompañan iniciativas que, según su visión, terminan favoreciendo la censura.

"No debería aprobarse de ninguna manera"

Durante el debate también intervino el concejal Juan Senn, quien recordó que el proyecto provincial fue modificado y que se eliminó uno de los artículos más cuestionados, referido a sanciones económicas.

Sin embargo, esa modificación no convenció al concejal Fabricio Dellasanta.

Para el edil, el proyecto continúa siendo inaceptable aun con esos cambios, ya que mantiene una estructura que remite a futuras reglamentaciones y deja abierta la posibilidad de establecer mecanismos de control sobre las expresiones públicas.

Milagros Zafra coincidió con esa interpretación y sostuvo que el hecho de que el Poder Ejecutivo deba designar posteriormente la autoridad de aplicación no elimina las preocupaciones jurídicas que genera la iniciativa.

Según explicó, la ausencia de sanciones explícitas en el texto actual no garantiza que éstas no puedan aparecer posteriormente mediante la reglamentación.

Un debate que marcará posiciones

Más allá del resultado de la votación, la sesión de este jueves servirá para conocer la posición política de cada uno de los bloques que integran el Concejo Municipal.

La discusión ya no gira únicamente alrededor de una ley provincial.

Lo que estará en juego será la forma en que cada espacio interpreta el alcance de la libertad de expresión y los límites que puede tener el Estado al momento de intervenir sobre las opiniones de los ciudadanos.

No es un tema menor.

Porque cuando un gobierno comienza a definir qué expresiones son aceptables y cuáles merecen sanción, la frontera entre la protección de derechos y la censura puede volverse peligrosamente delgada.

Precisamente por eso, el proyecto impulsado por La Libertad Avanza promete convertirse en uno de los debates políticos más relevantes de los últimos meses en Rafaela.

También se debatieron las restricciones electorales

En la misma reunión de comisiones obtuvo despacho otra iniciativa presentada por Lisandro Mársico y Carla Boidi, mediante la cual se solicita a la Legislatura provincial revisar las restricciones que rigen durante la jornada electoral y las 48 horas previas.

La propuesta plantea flexibilizar las limitaciones para el desarrollo de actividades comerciales, gastronómicas, culturales, deportivas y recreativas, además de habilitar la venta de bebidas alcohólicas en establecimientos autorizados.

Según sus impulsores, la normativa vigente genera perjuicios innecesarios para distintos sectores económicos sin aportar beneficios concretos al normal desarrollo del proceso electoral.

Pero, sin dudas, la atención política estará centrada en el debate sobre los denominados "discursos de odio", una discusión que promete dividir posiciones y que pondrá nuevamente sobre la mesa uno de los derechos más sensibles de cualquier sistema democrático: la libertad de expresión.