El Gobierno busca frenar una ofensiva opositora en Diputados y evalúa bajar al recinto para controlar el debate
- El Gobierno busca impedir una sesión opositora centrada en morosidad y discapacidad.
- La oposición reúne apoyos suficientes para intentar alcanzar el quórum en Diputados.
- La Libertad Avanza evalúa participar de la sesión para intentar aprovechar el debate políticamente.
- El oficialismo analiza alternativas para atender la morosidad sin afectar el equilibrio fiscal.
- El Gobierno sostiene que cumple con las medidas judiciales vinculadas con la Ley de Discapacidad.
- La Casa Rosada confía en contar con los votos necesarios para sostener eventuales vetos presidenciales.
El Gobierno enfrenta horas decisivas en la Cámara de Diputados ante una nueva ofensiva opositora que busca avanzar con proyectos vinculados a la morosidad de las familias y a la Ley de Discapacidad. La Casa Rosada intenta desarticular la sesión prevista, aunque reconoce que la tarea es compleja y que la oposición cuenta con suficientes apoyos para alcanzar el quórum necesario.
En el oficialismo calculaban alrededor de 131 voluntades dispuestas a sentarse en el recinto, una cifra que permitiría habilitar el tratamiento de ambos temas. Frente a este escenario, la estrategia comenzó a modificarse durante la jornada. Mientras inicialmente el objetivo era impedir la sesión, dentro de La Libertad Avanza empezó a tomar fuerza la posibilidad de que sus propios diputados concurran al recinto para participar del debate y tratar de utilizar políticamente la sesión a su favor.
La discusión representa un desafío para el Gobierno porque ambos proyectos tienen un fuerte impacto social. En materia de morosidad, el oficialismo analiza alternativas que permitan atender la problemática sin comprometer el equilibrio fiscal. Entre las opciones aparece la posibilidad de impulsar mayores exigencias para bancos y billeteras virtuales respecto de la información sobre el Costo Financiero Total de los créditos, con el objetivo de transparentar las condiciones de endeudamiento de los usuarios.
En cuanto a la Ley de Discapacidad, la administración libertaria sostiene que está cumpliendo con las disposiciones establecidas por la Justicia para avanzar con su aplicación. Desde el Gobierno cuestionan a la oposición y consideran que está utilizando reclamos de alta sensibilidad social para generar un costo político contra la gestión de Javier Milei.
El PRO, en tanto, mantiene una posición diferenciada. El bloque había anticipado que no facilitaría el quórum porque considera que los proyectos ya están siendo analizados en las comisiones correspondientes. En relación con la morosidad, sostiene que existen numerosas iniciativas en estudio y reclama establecer un cronograma de pagos para los prestadores. Según esa postura, la Comisión de Finanzas tiene previsto avanzar con su dictamen el 30 de septiembre, mientras que la Comisión de Discapacidad haría lo propio el 23.
La definición de la estrategia oficialista quedó en manos de la mesa política y de los principales referentes parlamentarios. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantuvo un encuentro con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y con Eduardo “Lule” Menem, mientras que el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, también intervino en las conversaciones destinadas a contener el avance opositor.
Sin embargo, las gestiones no lograron garantizar inicialmente que los bloques aliados se mantuvieran fuera del recinto. En particular, comenzaron a crecer las posibilidades de que integrantes de Provincias Unidas y legisladores vinculados al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, aportaran al quórum. Esa eventual convergencia encendió las alarmas dentro del oficialismo.
La situación tiene como antecedente inmediato una sesión anterior en la que la oposición logró reunir 133 votos para impulsar apartamientos del reglamento y llevar al recinto los proyectos relacionados con estos mismos reclamos. Aquella votación había expuesto la capacidad de diferentes sectores para coordinar acciones frente al Gobierno.
En la Casa Rosada, de todos modos, consideran que la actual composición parlamentaria ofrece una ventaja respecto del año anterior. El oficialismo asegura contar ahora con las 95 voluntades necesarias para sostener un eventual veto presidencial, por lo que un avance opositor en Diputados no necesariamente implicaría una derrota definitiva.
Así, mientras la oposición busca convertir el reclamo por la morosidad y la discapacidad en una demostración de fuerza parlamentaria, el Gobierno intenta evitar que la sesión se transforme en una nueva señal de debilidad política. La estrategia podría incluso derivar en una participación activa de los legisladores libertarios para disputar el control del debate y preparar, si fuera necesario, el camino hacia un eventual veto presidencial.